QUITO, 25 abr (Xinhua) -- La fase de pruebas en el juicio político contra el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, por presunto peculado (malversación de fondos públicos) entró en la recta final en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional (Congreso), que sustancia el proceso.
Los interpelantes del mandatario acordaron la noche de este martes que únicamente intervenga en su representación la legisladora Viviana Veloz, del Movimiento Revolución Ciudadana, afín al expresidente Rafael Correa (2007-2017).
En una sola jornada, mañana miércoles, comparecerán los cuatro asambleístas proponentes del juicio político para argumentar sus pruebas de cargo, y posteriormente, el acusado, el presidente Lasso, para ejercer su derecho a la defensa.
Los asambleístas acusan al mandatario del presunto delito de peculado en un contrato millonario de la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) con la privada Amazonas Tanker, para la renta de buques para el transporte de hidrocarburos.
Según los interpelantes, Lasso supuestamente habría permitido que se mantenga dicho contrato que perjudicaba al Estado, por lo que piden su censura y destitución.
El mandatario niega las acusaciones, pues asegura que ese contrato se firmó en 2018 y se renovó en 2020, cuando aún no era presidente.
Además, alega que, durante su periodo de Gobierno, que inició en mayo de 2021, Flopec ha percibido "utilidades inéditas".
La fase de pruebas se cerrará con la comparecencia del presidente Lasso para argumentar sus pruebas de descargo.
Sin embargo, el mandatario no acudirá a la comisión legislativa, ya que no está obligado a asistir, y en su representación estará su abogado Édgar Neira, según anticipó a periodistas el secretario jurídico de la Presidencia, Juan Pablo Ortiz.
El funcionario gubernamental afirmó que la defensa se centrará en demostrar que no hay pruebas de que el presidente Lasso o terceros se hayan beneficiado de recursos públicos.
Tras el cierre de la fase de pruebas, iniciará un nuevo período de 10 días en el que la comisión de Fiscalización deberá redactar y presentar un informe motivado que recomiende o no seguir con el juicio político en el pleno de la Asamblea; plazo que se cumplirá el 6 de mayo.
En la comisión el tema es complejo ya que no hay una mayoría establecida que permita definir con claridad el rumbo del informe, tampoco hay certeza sobre si habrá los 92 votos que se requieren para la destitución del presidente.
Esto equivale a las dos terceras partes de los 137 miembros de la Asamblea Nacional, dominada por la oposición.
La solicitud de juicio político, que fue presentada el pasado 16 de marzo por 59 legisladores de varios partidos y movimientos de oposición al Gobierno de Lasso, fue avalada por la Corte Constitucional.
Esta será la primera vez en 44 años de vida democrática de Ecuador que un presidente enfrentará una posible censura y destitución ante el Poder Legislativo.
