QUITO, 26 abr (Xinhua) -- La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional (Congreso) de Ecuador cerró hoy miércoles la etapa de pruebas en el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso por presunto peculado, que podría derivar en la posible destitución de su cargo.
Esta etapa finalizó con la comparecencia de los cuatro asambleístas de oposición que actúan como interpelantes del mandatario y del abogado Édgar Neira, quien ejerce la defensa del mandatario, en esa mesa legislativa, que sustancia el juicio político.
Por parte de los interpelantes, intervino la asambleísta Viviana Veloz, del Movimiento Revolución Ciudadana, afín al expresidente Rafael Correa (2007-2017), quien durante dos horas argumentó las acusaciones contra el mandatario.
Veloz insistió en acusar a Lasso de presunto peculado (malversación de fondos públicos) en un contrato firmado entre la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y la privada Amazonas Tanker, para la renta de buques para el transporte de hidrocarburos.
Además, alegó que el mandatario habría permitido que se mantenga dicho contrato que perjudicaba al Estado, por lo que pidió su censura y destitución.
Dicho contrato se firmó en 2018 y se renovó en 2020 antes de que Lasso asuma la presidencia.
La asambleísta expuso que el cuestionado contrato permitió el desvío de recursos públicos a terceros en perjuicio del Estado y que el presidente Lasso tiene responsabilidad política por supuesta omisión ya que habría conocido de las irregularidades.
Mientras tanto, el abogado Neira, defensor del mandatario, desestimó las pruebas de los interpelantes señalando que las mismas no tienen sustento, además de que no se ha evidenciado la distracción de fondos hacia terceros, ni tampoco el perjuicio al Estado.
En su opinión, hay una "debilidad insuperable de las inferencias" (conclusiones), que buscan llevar al presidente a la destitución del cargo.
Destacó, que, al contrario, se registró un buen desempeño de Flopec en el año 2022, cuando reportó utilidades superiores a los 170 millones de dólares.
"La administración de las empresas públicas escapa de la esfera de las atribuciones constitucionales del presidente, por lo que la supuesta omisión (de denunciar el caso Flopec) no corresponde al delito de peculado", apuntó Neira.
Tras el cierre de la fase de pruebas, la comisión tendrá 10 días para redactar y presentar un informe que recomiende o no seguir con el juicio político en el pleno de la Asamblea, plazo que se cumplirá el 6 de mayo.
La solicitud de juicio político, avalada por la Corte Constitucional, fue presentada el pasado 16 de marzo por 59 legisladores de varios partidos y movimientos de oposición al Gobierno de Lasso, quien califica esta acción como "un golpe de Estado parlamentario".
Para la destitución del presidente se requieren 92 votos, que equivalen a las dos terceras partes de los 137 miembros del Legislativo.
