QUITO, 6 may (Xinhua) -- La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional (Congreso) de Ecuador no obtuvo este sábado los votos necesarios para aprobar un informe que recomendaba no enjuiciar políticamente al presidente, Guillermo Lasso, por presunta malversación de fondos públicos.
La comisión sesionó por cerca de siete horas para debatir y votar dicho informe, elaborado por asesores de esa mesa legislativa, pero apenas se consiguieron cuatro votos a favor de entre los nueve miembros, uno menos que lo requerido según la Ley de la Función Legislativa.
En contra del informe votaron asambleístas del Movimiento Unión por la Esperanza (Unes), afín al expresidente ecuatoriano Rafael Correa (2007-2017), y del Partido Social Cristiano (PSC), exaliado de Lasso.
La asambleísta del oficialista Movimiento Creando Oportunidades (CREO), Ana Cordero, vicepresidenta de la comisión, dijo a periodistas que el reporte no aprobado será remitido al presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, quien deberá tomar una decisión.
"El presidente de la Asamblea tiene hasta 48 horas para poner en conocimiento de los legisladores, y luego, otras 72 horas para convocar al pleno", donde se definirá el tema, indicó.
Agregó que, en el pleno de la Asamblea, integrado por 137 miembros, se deberá presentar una moción sobre si se llama o no a juicio político de censura al presidente ecuatoriano.
"De ser afirmativa esa moción, que deberá aprobarse con 70 votos, se llamará al presidente Lasso y a los interpelantes para que se presenten ante el pleno y se abra el debate", explicó.
La solicitud de juicio político, que fue presentada el pasado 16 de marzo por 59 legisladores de varios partidos y movimientos de oposición al Gobierno de Lasso, fue avalada por la Corte Constitucional.
El mandatario, de 67 años, es acusado de presunto peculado en un contrato firmado entre la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y la privada Amazonas Tanker, para la renta de buques para el transporte de hidrocarburos.
El contrato se firmó en 2018 y se renovó en 2020, cuando Lasso aún no era presidente.
Según los interpelantes, Lasso, que asumió el poder en mayo de 2021, habría permitido que se mantenga dicho contrato que perjudicaba al Estado, por lo que piden su censura y destitución.
El jefe de Estado ha defendido su inocencia y ha calificado al juicio político como "un golpe de Estado parlamentario".
Para la destitución del gobernante se requieren 92 votos, que equivalen a las dos terceras partes de los miembros del Parlamento.
