MATAMOROS, México, 22 may (Xinhua) -- El apoyo de Estados Unidos a México y Centroamérica para la atención de la crisis migratoria que atraviesa la región ha sido "bastante limitado", afirmó el académico mexicano Oscar Misael Hernández.
"Me atrevería a decir que se trata de espejismos de apoyo humanitario o espejismos de política migratoria", agregó en entrevista con Xinhua Hernández, investigador de la Unidad de Matamoros del Colegio de la Frontera Norte (Colef) de México.
El académico destacó que la visibilidad que ha tenido el Gobierno de Estados Unidos en materia migratoria durante los últimos años, y más ahora tras el levantamiento el pasado 11 de mayo de la medida sanitaria conocida como Título 42, "ha sido en términos del despliegue de cuerpos de seguridad, de cuerpos de choque y disuasión de las personas migrantes".
"Se ha incrementado el número de agentes y vehículos de la Patrulla Fronteriza. Son cuerpos muy específicos para formas de rechazo y disuasión de los migrantes", apuntó.
Este incremento de la seguridad en la frontera sur estadounidense, dijo Hernández, puede entenderse como una transición en el trato a la migración irregular de un panóptico a "banópticos".
"Es decir, se va de esa vieja idea de una torre vigilante que todo lo ve, a lo que hoy en día llamamos banópticos de la migración, algo mucho más sofisticado, que no solo está controlando o vigilando que las personas no crucen las fronteras, sino que también está perfilando, documentando y castigando a quienes transgreden las fronteras", explicó.
El experto resaltó que a todo esto también se suma el despliegue de la Guardia Nacional, el uso de herramientas y "medios bastante atroces" como pueden ser alambres de púas y armas de alto calibre para que sean visibles por los migrantes.
"Lo que se ha visto es una forma del Estado estadounidense que está reprimiendo y disuadiendo la migración", dijo Hernández, para quien la actitud de Estados Unidos frente a la migración no es coherente con el hecho de que varios nichos económicos en ese país requieren de la mano de obra de migrantes.
Se ha visto en el estado de Florida, dijo, donde obras constructivas quedaron sin operarios tras la entrada en vigor de nuevas leyes restrictivas para la contratación y transportación de migrantes indocumentados.
La crisis migratoria regional no ha menguado tras la eliminación del Título 42, la medida sanitaria implementada en marzo de 2020 por la Administración de Donald Trump para hacer frente a la pandemia de COVID-19.
La disposición imposibilitó en la práctica, durante los más de tres años que estuvo en vigor y mediante expulsiones aceleradas de migrantes, la búsqueda de la figura de asilo.
Expuso a miles de personas en la ruta migratoria a mayores situaciones de riesgo, según han denunciado organizaciones de la sociedad civil en México y Estados Unidos, a la vez que provocó una elevada concentración de migrantes en ciudades fronterizas mexicanas.
A poco más de una semana del levantamiento de la disposición estadounidense, la situación no es distinta en las calles y red de albergues para migrantes de Matamoros, en el estado de Tamaulipas (noreste), adonde siguen llegando migrantes para solicitar asilo en Estados Unidos.
Cerca de un millar continúan en un campamento irregular en el bordo del río Bravo, a metros del Centro de Atención al Solicitante de visas de Estados Unidos en la ciudad, donde se llegó a albergar a cerca de 2.000 migrantes en los días previos al levantamiento del Título 42.
El experto consideró que el anuncio del cambio de medida en la frontera estadounidense hizo un "efecto imán", que atrajo a más migrantes a la frontera norte de México por una supuesta apertura de la frontera de Estados Unidos.
Los que aún siguen en el campamento de Matamoros y los albergues de la ciudad, y los que continúan llegando, se enfrentan a la entrada en vigor de la medida migratoria habitual de EE. UU., el Título 8, así como de otras disposiciones y restricciones que mantienen a los migrantes sin la posibilidad de solicitar el asilo de manera rápida y con el riesgo de enfrentar responsabilidades penales si ingresan de manera irregular a territorio estadounidense.
La situación, dijo Hernández, "es todo un reto en materia de política pública" para el Gobierno municipal y el del Estado.
"Ha significado, no sólo en esta ocasión, sino también desde hace algunos años, que se tengan que diseñar programas emergentes de atención a los migrantes dentro de todas sus posibilidades como de atención sanitaria y apoyo humanitario".
Sin embargo, contrapuso, los programas no han sido de gran escala por limitaciones de recursos y capacidades.
"La ciudad no ha estado preparada para atender a la población migrante que está llegando. Es una situación de crisis humanitaria tremenda la que se está viviendo en ciudades como Matamoros", concluyó.
