Personas participan durante una protesta convocada por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) y otras organizaciones político-sociales, en el marco del 70º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, frente al Palacio de la Moneda, en Santiago, capital de Chile, el 10 de diciembre de 2018. (Xinhua/Jorge Villegas)
SANTIAGO, 30 ago (Xinhua) -- El Gobierno chileno presentó hoy oficialmente el plan nacional de búsqueda de los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos durante el régimen militar de Augusto Pinochet (1973-1990), a más de tres décadas de la vuelta a la democracia en el país sudamericano.
El llamado Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia fue anunciado a pocos días de cumplirse medio siglo del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, que derrocó y dio muerte al gobernante socialista Salvador Allende (1970-1973).
El presidente chileno, Gabriel Boric, afirmó en un acto realizado en las afueras del Palacio La Moneda que esta planificación busca reconstruir la trayectoria y dar con el paradero de 1.092 personas detenidas desaparecidas y 377 ejecutados políticos, cuyos cuerpos no han sido entregados.
"Con esta política pública que es permanente nos hacemos cargo como Estado de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte y destino final de las y los compatriotas víctimas", señaló el mandatario.
Se estima que en los 17 años que perduró el régimen militar de Pinochet, más de 40.000 personas sufrieron torturas y otros vejámenes, de las cuales más de 3.200 fueron asesinadas o desaparecidas, según cifras oficiales.
Hasta hoy, la búsqueda de los restos ha recaído sobre los hombros de sus familiares, quienes han recorrido mar y desierto para encontrar osamentas u otras pistas que les permitan armar un relato definitivo.
"La justicia ha tardado demasiado (...) Hoy reconocemos que el Estado ha fallado en entregar las respuestas a las familias, pero no solo a las familias, es un deber con la sociedad entera entregar las respuestas que el país merece", dijo Boric en su alocución.
El mandatario explicó que esta primera iniciativa estatal de búsqueda de víctimas del régimen militar contempla un trabajo sistemático y presupuesto público, conforme a las obligaciones del Estado y los estándares internacionales en asuntos de derechos humanos, dijo.
Una mujer participa durante una protesta convocada por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) y otras organizaciones político-sociales, en el marco del 70º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, frente al Palacio de la Moneda, en Santiago, capital de Chile, el 10 de diciembre de 2018. (Xinhua/Jorge Villegas)
El Ejecutivo espera que el plan, creado bajo los conceptos de memoria, reparación y justicia, trascienda al mandato actual de izquierda que asumió el poder en marzo de 2022 y se constituya como una política estatal fija.
Entre discursos de los familiares, Boric firmó este miércoles el decreto que marca el inicio oficial de la medida, en una fecha simbólica que conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, declarado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2010.
"El aniversario de los 50 años del golpe militar nos encuentra aún buscando a nuestros familiares sin verdad, sin justicia. Este es el momento que hemos esperado por años. El Estado fue el que hizo desaparecer a nuestros familiares, y es el Estado el que tiene que hacerse cargo", declaró la líder de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Gaby Rivera.
Rivera aseguró que en esta conmemoración del asalto al Palacio La Moneda por las fuerzas militares, "tiene que darse un compromiso político que nos permita avanzar en garantías de que nunca más en nuestros países se vuelvan a repetir las atrocidades de la dictadura".
De acuerdo con el Ministerio de Justicia chileno, el plan incluye entre sus lineamientos garantizar el acceso abierto a la información, la participación y acompañamiento de las familias afectadas, así como las medidas efectivas de reparación y garantías de no repetición.
También colaborará con las investigaciones judiciales en curso para establecer las responsabilidades penales, además de realizar trabajos en terreno para ubicar, recuperar, identificar y restituir los restos mortales de las víctimas, lo que es un aporte a la configuración de la memoria colectiva.
Entre las principales tareas está recopilar, sistematizar e integrar toda la información disponible en expedientes administrativos, acumulada durante décadas de indagaciones.
