QUITO, 9 oct (Xinhua) -- Ecuador entró hoy lunes en la recta final de la campaña electoral rumbo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales anticipadas del próximo 15 de octubre, en la que se elegirá al sucesor del presidente Guillermo Lasso.
Poco más de 13,4 millones de electores habilitados para votar deberán elegir nuevo mandatario entre la candidata Luisa González, del movimiento Revolución Ciudadana (RC) que lidera el expresidente progresista Rafael Correa (2007-2017), y el joven empresario conservador Daniel Noboa, de la alianza Acción Democrática Nacional (ADN).
Los dos aspirantes iniciaron este lunes la última semana de una apresurada campaña electoral de 19 días que terminará el día 12 de este mes, según el calendario del Consejo Nacional Electoral (CNE).
La campaña transcurre con recorridos de ambos candidatos por el país en medio de estrictos protocolos de seguridad y el uso de chalecos antibalas, ante la ola de violencia y criminalidad que vive Ecuador atribuido al crimen organizado ligado al narcotráfico.
El auge de la inseguridad cobró protagonismo tras el asesinato Fernando Villavicencio, quien se postulaba a la Presidencia, en un ataque armado perpetrado el pasado 9 de agosto tras un mitin político en la capital, Quito, hecho que hoy cumple dos meses y sobre el cual la Fiscalía cerró este domingo la instrucción fiscal (etapa de investigación previa).
La instrucción fiscal se cerró con el testimonio anticipado de un testigo del caso quien bajo juramento reveló quiénes habrían dado la orden para cometer el crimen de Villavicencio; además de que el viernes y sábado últimos, fueron asesinados en prisión siete reclusos implicados en el magnicidio.
En medio de este escenario, González y Noboa han limitado sus actos públicos y han hecho campaña en las redes sociales, donde han estado muy activos, para promover sus propuestas, principalmente en seguridad, y compartir aspectos de su vida para acercarse a los votantes.
Noboa, de 35 años e hijo del magnate bananero Álvaro Noboa, ha ofrecido cárceles flotantes en barcazas para aislar a los presos más peligrosos y un "Plan Fénix" que incluye la militarización de las fronteras con tecnología y uso de drones y radares para garantizar la seguridad, así como el uso de un sistema de escaneo en los puertos ecuatorianos.
Entre tanto, González promete mano dura contra el narcotráfico, la depuración de los mandos policiales, la inversión de 500 millones de dólares para fortalecer a la Policía y, además, militarizar las cárceles, prisiones, aeropuertos y puertos.
Ambos candidatos expusieron sus planes de Gobierno el pasado 1 de octubre en un debate cara a cara organizado por el CNE para promover un voto informado.
Al cierre público de las encuestas de intención del voto el pasado 5 de octubre, varias firmas señalaban un empate técnico entre ambos aspirantes por lo que los resultados de la segunda vuelta son impredecibles.
Además, según la última encuesta de la firma Comunicaliza, autorizada por el CNE para hacer pronósticos electorales, un 12,4 por ciento de ecuatorianos aún no había decidido su voto y un 9,7 por ciento optaría por el voto en blanco o nulo.
Los ecuatorianos acudirán a votar en medio de un clima de incertidumbre marcado por el aumento de la violencia, situación que ha reconocido el actual presidente, Guillermo Lasso, quien dijo hoy que el país "vive momentos difíciles" y ha ofrecido seguir combatiendo al crimen organizado hasta el último día de su gobierno para que Ecuador recupere la paz.
El país se encuentra en estado de excepción "por grave conmoción interna", luego de que Lasso renovara este domingo por 30 días la medida, que garantiza la intervención de militares y policías en el combate al crimen organizado y la delincuencia común.
Ecuador irá a las urnas después de que el 17 de mayo pasado Lasso aplicara de manera inédita la figura constitucional de "muerte cruzada", con la que disolvió el Congreso y llamó a elecciones anticipadas en medio de una crisis política.
Quien gane el balotaje del 15 de octubre estará en funciones hasta el 13 de mayo de 2025, cuando debía terminar el mandato de Lasso.
El nuevo Gobierno sólo tendrá un mandato de un año y medio, es decir, será una administración de transición, por lo que según los analistas será difícil cumplir el abanico de propuestas.
