SAO PAULO, 1 feb (Xinhua) -- El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil suspendió hoy el pago de multas por 8.500 millones de reales (unos 1.700 millones de dólares al cambio de hoy), impuestas a la constructora brasileña Odebrecht, eje de un escándalo de corrupción en la operación Lava Jato, por posibles irregularidades cometidas por los investigadores del caso.
La decisión fue tomada por el juez de la máxima corte del país José Antonio Dias Toffolli a favor de Novonor, como se llama actualmente la constructora Odebrecht, que presentó la quiebra en 2019 e hizo un acuerdo de lenidad admitiendo sobornos para obtener contratos con el Estado con las autoridades de Brasil, Estados Unidos y Suiza.
Odebrecht hizo un acuerdo de reconocimiento de sobornos con el Ministerio Público y el entonces juez Sérgio Moro en 2016 en el marco de la investigación.
La empresa, en su reconversión, cambió de nombre a Novonor.
Pero nuevas pruebas obtenidas por la Policía Federal en la operación Spoofing, donde se filtraron conversaciones de los exfiscales, llevaron al magistrado Dias Toffoli a suspender el pago para que se investigue si los ejecutivos de Odebrecht fueron obligados o amenazados para realizar el acuerdo.
Los términos del acuerdo entre Novonor y el Ministerio Público también están bajo revisión.
Como parte del acuerdo de colaboración, la empresa debía desembolsar 8.500 millones de reales (cerca de 2.600 millones de dólares al cambio de la época) para EE. UU., Suiza y Brasil.
Dias Toffoli determinó que existía "una duda razonable" sobre "el requisito de voluntariedad" para la firma del acuerdo que impone obligaciones de pagos, según el fallo.
El magistrado agregó que deben ofrecerse condiciones a la compañía "para que evalúe, a partir de los elementos disponibles, si de hecho se practicaron irregularidades" durante la investigación.
En septiembre pasado, Dias Toffoli había anulado las pruebas provenientes de las confesiones de ejecutivos de Odebrecht que resultaron del mismo acuerdo de delación premiada.
El escándalo por los sobornos pagados por constructoras para las obras públicas de la petrolera estatal Petrobras fue investigado por la operación Lava Jato desde 2014, pero gran parte de las pruebas y sentencias fueron anuladas debido a la persecución política ejecutada por el entonces juez Moro, también exministro de Justicia del Gobierno de Jair Bolsonaro.
