BUENOS AIRES, 14 feb (Xinhua) -- La confrontación que registra Argentina entre el presidente Javier Milei y el Congreso ha generado incertidumbre política en el país sudamericano, en un contexto que requiere diálogo y consensos antes que acusaciones y amenazas para que la agenda reformista del Ejecutivo pueda avanzar, afirmó el académico Patricio Giusto.
Milei retiró recientemente de la Cámara de Diputados un extenso proyecto de ley considerado clave por el Gobierno, de más de 600 artículos, luego de que la iniciativa no tuviera el apoyo de bloques "dialoguistas" para ser aprobada durante el tratamiento en particular (artículo por artículo) en el recinto.
Tras retirar el texto, el mandatario acusó a gobernadores provinciales y a distintos legisladores de ser un "conjunto de delincuentes que quieren una Argentina peor porque no están dispuestos a ceder privilegios", y publicó en su cuenta personal en la red social X una lista de diputados "leales y traidores".
En una reciente entrevista con Xinhua, Giusto, politólogo y magíster en Políticas Públicas, explicó que lo ocurrido en el Congreso "claramente puede ser leído como una derrota del Gobierno. Había una expectativa inicial de aprobar más de 600 artículos, eso se redujo casi a la mitad, sacrificando lo más importante. E igualmente el proyecto se tuvo que dar de baja".
"La situación tomó por sorpresa a los principales estrategas del Gobierno y al propio Presidente, que tuvo una reacción que no estuvo a la altura de lo que debe ser un jefe de Estado, con acusaciones, insultos y la difusión de 'listas negras' de quienes votaron en contra. Eso ha dejado muy debilitado al Gobierno", planteó el entrevistado.
El Ejecutivo tiene bancadas minoritarias en el Congreso: 37 de 257 diputados, y 7 de 72 senadores, por lo que las alianzas y acuerdos con otros bloques, como Propuesta Republicana (PRO), y sectores de la Unión Cívica Radical (UCR), son considerados importantes por los analistas argentinos para que las reformas gubernamentales puedan avanzar.
Las medidas gubernamentales impulsan una desregulación económica y política y tienen como ejes la declaración de la emergencia pública en seis materias, lo que concede facultades legislativas al Ejecutivo, una amplia reforma del Estado, la privatización de empresas públicas, cambios en el Código Electoral y en la composición de la Cámara de Diputados, además de un nuevo enfoque penal para las manifestaciones callejeras, entre otros puntos.
Para Giusto, "lo que cabe esperar es difícil, con mucha incertidumbre por la reacción intempestiva que ha tenido el presidente y la amenaza de avanzar igual con el proceso de reformas, recortando más fondos a los gobernadores provinciales".
"Cuando digo 'la reforma', me refiero básicamente al ajuste económico para llegar a esa 'meta sagrada' del déficit cero y de ordenar las cuentas públicas. Eso es algo que está bien, pero de la forma en que la está planteando el Gobierno es peligroso, por ser una confrontación directa con el Congreso y con la mayoría de los gobernadores provinciales", observó el profesor visitante en la Universidad de Zhejiang.
Giusto, también director del Observatorio Sino-Argentino, consideró que "lo más razonable sería que se intenten mandar las iniciativas a partir de las sesiones ordinarias del Congreso, que arrancarán el primero de marzo. Es muy probable que algunas no pasen, que haya un debate largo en otras y que los tiempos no sean los que quiere el Gobierno, pero eso sería lo más razonable".
"Un camino distinto, más radicalizado, es gobernar con decretos de necesidad y urgencia o consultas populares, tensionando el sistema republicano, tratando de minimizar el rol del Congreso y con una confrontación directa con la justicia, que hará objeciones, como ya ha pasado con artículos de un decreto presidencial. Esos son los dos escenarios que se plantean", resumió el analista.
El director de la Consultora Diagnóstico Político enfatizó que "se sabía que gobernar en minoría, como sucede con el bloque oficialista La Libertad Avanza, iba a ser un desafío, pero no debía ser algo tan determinante como lo está siendo en este momento (...) se pueden hacer las cosas igual".
El analista advirtió que "no habrá una gobernabilidad sustentable sin que el Congreso pueda ir aprobando y acompañando iniciativas que son fundamentales, sobre todo en lo fiscal, donde el presidente tiene prohibido por la Constitución emitir decretos".
