QUITO, 17 may (Xinhua) -- El Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador suspendió hoy viernes el trámite de juicio político de censura por presunto incumplimiento de funciones contra la fiscal general del Estado, Diana Salazar, informó el Poder Legislativo.
La Asamblea Nacional difundió en su cuenta de la red social X que la resolución se tomó con cinco votos a favor de los siete miembros que integran el CAL.
La decisión se produjo un día después de que el movimiento Revolución Ciudadana, que lidera el expresidente Rafael Correa (2007-2017), inició el trámite de juicio político contra la fiscal general.
A Salazar se le acusa de no haber actuado en torno a procesos relacionados con delitos como blanqueo de dinero o lavado de activos.
La propia fiscal general anunció de manera pública el pasado 14 de mayo que se encuentra embarazada y en condición de alto riesgo, lo que "cambia las reglas del juego", a las puertas de un juicio político en la Asamblea Nacional.
Agregó que si bien el juicio político es una atribución constitucional del Legislativo, las reglas del juego no contemplan cómo proceder con el estrés que implica que se encuentre en estado de preñez.
Indicó que por ello solicitó a la Asamblea Nacional que se garantice y respete su derecho constitucional "a tener un embarazo en paz y que éste llegue a término, sin más estrés del que ya significa llevar a cabo mis responsabilidades como fiscal general del Estado".
El pedido de la fiscal llevó al Parlamento a elevar de inmediato una consulta a la Procuraduría General del Estado para resolver si avanza o no el trámite de juicio político.
De acuerdo con el Legislativo, la Procuraduría General del Estado respondió de manera favorable, al señalar que procede suspender el juicio político, a fin de proteger los derechos de la persona señalada.
La fiscal general, quien ocupa el cargo desde 2019, ha cobrado protagonismo por investigar varios procesos por presunta corrupción contra el Gobierno de Correa.
En 2020, el exmandatario ecuatoriano fue condenado por la autoridad judicial a ocho años de prisión por cohecho, además de que se expusieron actos de corrupción en el sistema judicial y otros sectores que involucran a exfuncionarios, algunos ya en la cárcel.
