LA PAZ, 17 oct (Xinhua) -- El juicio oral del denominado "Golpe de Estado I" en Bolivia, relacionado con las movilizaciones opositoras de 2019, comenzó hoy jueves contra la expresidenta interina, Jeanine Áñez (2019-2020), así como dos líderes opositores y varios exfuncionarios acusados entre otros delitos de conspiración, luego de casi cuatro años de proceso.
Áñez y los demás procesados están acusados de los delitos de terrorismo, conspiración y asociación delictuosa, entre otros, relacionados con los hechos violentos de 2019 que llevaron a la dimisión del entonces presidente, Evo Morales (2006-2019).
El Ministerio Público de Bolivia solicita 20 años de cárcel para los principales acusados: la expresidenta interina Áñez; el gobernador de oposición suspendido de Santa Cruz (este), Luis Fernando Camacho, y el exdirigente cívico del departamento de Potosí (suroeste), Marco Antonio Pumari.
La petición de prisión fue presentada por la Fiscalía durante la audiencia inicial del juicio, que tiene lugar en el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de la oriental ciudad de La Paz.
Áñez, Camacho y Pumari fueron trasladados desde diferentes centros penitenciarios al Juzgado Sexto de Sentencia de La Paz bajo estrictas medidas de seguridad, resguardados por un fuerte operativo policial.
El caso denominado "Golpe de Estado I" inició a partir de una denuncia a fines de 2020 por parte de la exdiputada Lidia Patty, del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) y cuatro años después se formalizan las acusaciones contra los procesados.
El juicio examina los hechos que llevaron a la dimisión de Morales en noviembre de 2019, en medio de una crisis política que desembocó en violencia con saldo de al menos 20 muertos y más de 200 heridos.
La Policía Boliviana ha desplegado este jueves un amplio operativo de seguridad con el bloqueo de calles cercanas al juzgado, mientras que grupos afines a los acusados también se han hecho presentes en el lugar.
La hija de Áñez, Carolina Rivera, volvió a calificar el proceso contra su madre como "injusto e ilegal", al argumentar que debería tratarse de un juicio de responsabilidades, así como acusar de que el caso "ya tiene una sentencia anticipada".
