BEIJING, 20 mar (Xinhua) -- El primer ministro chino, Li Qiang, firmó un decreto del Consejo de Estado que da a conocer un conjunto de regulaciones destinadas a resolver disputas de propiedad intelectual (PI) relacionadas con el extranjero.
En las regulaciones se aclara que los departamentos gubernamentales pertinentes deben reforzar los servicios de información y alerta sobre PI en el extranjero, ofreciendo orientación y asistencia en materia de protección de los derechos de PI a las personas y organizaciones.
Las regulaciones, que constan de 18 artículos, subrayan el papel de las empresas e instan a las mismas a que sean más conscientes del estado de derecho y a que redoblen sus esfuerzos para crear una reserva de talentos en materia de PI. Además, los departamentos gubernamentales pertinentes deben impartir formación a las empresas en ámbitos clave de las controversias de PI relacionadas con el extranjero, compartiendo experiencias y prácticas mediante estudios de casos típicos.
Las regulaciones especifican que la notificación de documentos, así como la investigación y la recopilación de pruebas en China, deben llevarse a cabo de conformidad con los tratados internacionales de los que China es parte o se ha adherido.
También hacen hincapié en las contramedidas contra el trato injusto. De acuerdo con las regulaciones, si las entidades extranjeras no conceden el trato nacional a los ciudadanos y organizaciones chinos o no proporcionan una protección adecuada y eficaz de la propiedad intelectual, los departamentos comerciales dependientes del Consejo de Estado pueden llevar a cabo investigaciones y adoptar las medidas necesarias de conformidad con la ley.
Cuando los países extranjeros utilizan las disputas de propiedad intelectual como pretexto para limitar o reprimir a China, o imponer medidas discriminatorias y restrictivas a ciudadanos y organizaciones chinos, los departamentos pertinentes del Consejo de Estado pueden tomar contramedidas apropiadas y medidas restrictivas en respuesta, señalan las regulaciones.
Las regulaciones administrativas entrarán en vigor a partir del 1 de mayo de 2025.
