LA PAZ, 25 ago (Xinhua) -- El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia ordenó a los jueces del país a realizar visitas a todas las cárceles y evaluar la situación de los detenidos preventivos, difundió hoy lunes la prensa boliviana, luego de la polémica desatada por la instrucción de revisar solo los casos de tres políticos de oposición: Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari,
El TSJ boliviano dio a conocer el pasado 22 de agosto que revisaría las actuaciones y los procesos de Áñez, mandataria interina entre 2019 y 2020; el exgobernador Camacho del departamento de Santa Cruz, y el activista Pumari.
Todos ellos están acusado de tener relación con los hechos políticos de 2019 que llevaron a la dimisión del entonces mandatario boliviano, Evo Morales (2006-2019), según el instructivo 18/2025 firmado por el presidente del TSJ, Romer Saucedo.
La medida busca responder a las críticas que denuncian un trato discriminatorio en favor de exautoridades y líderes opositores, mientras que en las prisiones bolivianas más de 19.000 personas se encuentran en prisión preventiva sin sentencia.
El instructivo enviado a los Tribunales Departamentales de Justicia establece jornadas de verificación para el cumplimiento de la medida cautelar de detención preventiva en todos los recintos penitenciarios del país.
El documento señala que los jueces deberán revisar la situación de oficio y resolver cada caso conforme a derecho.
La resolución llega en un contexto de fuerte presión social, al protestar este lunes reclusos en distintas cárceles bolivianas en rechazo la instrucción inicial del TSJ, que solo incluía a Áñez, Camacho y Pumari.
Para las personas privadas de libertad, la decisión reflejaba un sesgo político y un criterio excluyente frente a la crisis penitenciaria en Bolivia.
En Bolivia, la detención preventiva es una medida excepcional y temporal con un máximo de seis meses mientras se desarrollan las investigaciones, pero organismos de derechos humanos denuncian que se ha convertido en una práctica generalizada.
Más del 58 por ciento de los reclusos bolivianos carecen de sentencia y el hacinamiento carcelario alcanza el 105 por ciento, según el informe anual de la Defensoría presentado en mayo pasado a diciembre de 2024.
"En Bolivia, la prisión preventiva ya no es la excepción, pues se ha vuelto prácticamente una regla", advirtió al respecto en mayo pasado el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.
