LIMA, 5 dic (Xinhua) -- El Congreso de Perú aprobó este viernes un texto sustitutorio que otorga facultades legislativas al Poder Ejecutivo por un plazo de 60 días para legislar en materia de seguridad ciudadana, lucha contra la criminalidad organizada, crecimiento económico responsable y fortalecimiento institucional.
La iniciativa quedó expedita para su remisión al Ejecutivo tras ser exonerada de segunda votación, al obtener 80 votos a favor y 19 en contra, por lo que ahora solo queda esperar su eventual promulgación por parte del Gobierno del presidente José Jerí.
El Pleno del Congreso aprobó la reconsideración del proyecto de ley en primera votación ayer jueves, lo que permitió el debate del nuevo texto.
De acuerdo con un comunicado emitido por el Poder Legislativo, el cambio se originó en la solicitud de la congresista Norma Yarrow, tras lo cual se retiró una submateria vinculada a indemnizaciones por propiedad intelectual, al considerar que corresponde ser evaluada mediante un proyecto de ley ordinario.
El presidente de la Comisión de Constitución, Arturo Alegría, señaló que el grupo de trabajo aprobó 49 de las 58 submaterias solicitadas, equivalente al 84 por ciento del pedido del Ejecutivo, tras sesiones extraordinarias y mesas técnicas que permitieron alcanzar amplios consensos políticos y legales.
Desde su cuenta oficial de X, el presidente José Jerí agradeció la decisión del Congreso y afirmó que "ahora sí podremos desarrollar nuevas herramientas legales en la lucha contra la delincuencia".
El mandatario añadió que el proceso legislativo incluirá la participación de especialistas y sectores involucrados, con el fin de asegurar normas adecuadas para enfrentar la criminalidad y reforzar la seguridad en el país sudamericano.
La aprobación de las facultades legislativas a su Gobierno se produce mientras Lima y el Callao permanecen bajo estado de emergencia, medida prorrogada por 30 días el pasado 20 de noviembre, para reforzar las acciones contra delitos de alto impacto que afectan el orden interno.
Durante este régimen excepcional, la Policía Nacional mantiene el control del orden público con apoyo de las Fuerzas Armadas, aplicando restricciones a derechos como tránsito, reunión e inviolabilidad de domicilio, según lo dispuesto en la Constitución.
La prórroga también exige autorización previa para actividades masivas y permite definir zonas de intervención basadas en inteligencia, estadísticas y mapas del delito, como parte de las estrategias para contener la inseguridad.
