LA PAZ, 9 dic (Xinhua) -- Fuerzas políticas representadas en la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia llegaron este martes a un consenso para restablecer la operatividad de los órganos del Estado, especialmente la Justicia Constitucional.
En una reunión encabezada por el presidente del Parlamento, Edmand Lara, se aprobó una "ley corta excepcional" para permitir el funcionamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que actualmente no puede operar sin quorum debido al cese de cinco magistrados autoprorrogados.
"No vamos a permitir decretazos ni suplencias ni nuevas prórrogas en el cargo", afirmó Lara, también vicepresidente de Bolivia, al confirmar que la norma será tratada de forma prioritaria por la Comisión de Constitución y luego en los plenos de las cámaras del Senado y Diputados.
La jefa de bancada en el Senado por la fuerza política Libre, Tomasa Yarhui, precisó que se trata de una medida transitoria que solo estará vigente hasta la elección de nuevas autoridades judiciales, un proceso que, calcula, debería completarse antes de junio de 2026.
Otro punto central fue la elección del contralor general del Estado, un proceso que se arrastra desde la legislatura anterior.
Lara instruyó a la comisión encargada revisar "de manera exhaustiva" los antecedentes y denunció que los procedimientos previos estuvieron "manchados de corrupción".
Las fuerzas políticas también coincidieron en avanzar en la selección y designación de directivos para entidades que actualmente operan con autoridades interinas, entre ellas el Banco Central de Bolivia, la petrolera estatal YPFB, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, la Gestora Pública y la Aduana Nacional.
El acuerdo buscará que estas designaciones sigan criterios estrictos de meritocracia para poner fin a la etapa de interinatos prolongados.
Respecto a la renovación del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Lara aseguró que la fase de calificación de postulantes avanza "con rigor técnico" y que se garantizará la elección de "los mejores profesionales".
La agenda pactada incluyó además la reactivación de las interpelaciones parlamentarias a los ministros del Ejecutivo, suspendidas durante meses.
Además, se decidió crear comisiones mixtas para investigar presuntos hechos de corrupción de gobiernos anteriores con el fin de "recuperar daños económicos al Estado".
