LA PAZ, 10 dic (Xinhua) -- El expresidente boliviano Luis Arce Catacora (2020-2025) se acogió este miércoles a su derecho constitucional al silencio en la investigación abierta en su contra por el caso Fondo de Desarrollo Indígena, un expediente que vuelve a colocar en el centro del debate político uno de los mayores escándalos de corrupción del país en la última década.
La decisión fue confirmada a los periodistas por el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, tras la declaración informativa del exmandatario en la ciudad de La Paz.
Arce fue trasladado por la Policía desde dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) hasta la unidad anticorrupción, donde debía prestar su testimonio. Según Mariaca, la citación se produjo en virtud de una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía de La Paz, luego de que el nuevo representante legal del Fondo Indígena ampliara una denuncia el 9 de diciembre.
El caso investiga presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos cuando Arce era ministro de Economía y Finanzas Públicas durante el Gobierno de Evo Morales.
"Se le tomó su declaración informativa y, asistido por su defensa técnica, decidió acogerse a su derecho constitucional al silencio", indicó el fiscal general, quien agregó que el exmandatario permanecerá bajo custodia policial mientras se elabora la imputación formal.
"Esperamos que la autoridad jurisdiccional (juez cautelar) pueda fijar la audiencia de medidas cautelares para esta persona que se encuentra en calidad de aprehendida", añadió.
El Ministerio Público insistió en que la investigación se desarrolla en la vía ordinaria, ya que los hechos denunciados sucedieron antes de que Arce asumiera la Presidencia. Por ello, descartó que el exmandatario tenga acceso a un juicio de responsabilidades, un mecanismo constitucional reservado únicamente para delitos cometidos en el ejercicio del cargo.
Por su lado, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, ofreció más detalles al señalar que Arce es investigado por cinco delitos relacionados con la administración de los recursos del Fondo Indígena.
Según datos preliminares, el daño económico identificado asciende a 360 millones de bolivianos (unos 52 millones de dólares), aunque otras denuncias conexas podrían elevar el perjuicio acumulado a más de 700 millones de dólares.
El ministro afirmó que el caso involucra desembolsos irregulares hacia cuentas personales de dirigentes sociales, entre ellas la de la exdiputada Lidia Patty, actualmente detenida de forma preventiva.
Creado para impulsar proyectos productivos y obras de desarrollo en comunidades rurales, el Fondo Indígena se convirtió desde 2015 en símbolo de desvío de recursos, contratos sin respaldo técnico y obras fantasma.
