RÍO DE JANEIRO, 22 dic (Xinhua) -- El Gobierno del estado brasileño de Río de Janeiro presentó ante el Supremo Tribunal Federal (STF) un nuevo plan de reocupación de territorios dominados por el crimen organizado, una iniciativa que las autoridades describen como la segunda gran estrategia de "pacificación" en las favelas, tras el fracaso del primer modelo aplicado durante la década pasada.
El plan prevé la instalación de Bases Integradas de Seguridad Territorial (BIST) con funcionamiento permanente las 24 horas y la adopción de un modelo policial comunitario, apoyado en tecnologías de monitoreo y coordinación entre fuerzas de seguridad estatales, federales y, eventualmente, las Fuerzas Armadas.
El proyecto piloto se concentrará inicialmente en comunidades de la zona del suroeste de la ciudad, entre ellas Rio das Pedras, Gardênia Azul y Muzema, áreas actualmente disputadas o controladas por milicias y facciones del narcotráfico como el Comando Vermelho y el Terceiro Comando Puro. Según el Gobierno regional, la región reúne a más de 85.000 habitantes y la iniciativa podría impactar, en fases posteriores, a hasta 1,2 millones de personas en la zona de la Gran Jacarepaguá.
Las nuevas bases de seguridad contarán con sistemas tecnológicos capaces de identificar vehículos robados o clonados, así como personas con órdenes de captura pendientes. Además del despliegue policial, el plan contempla la presencia de servicios de justicia itinerante, con la actuación de la Defensoría Pública, el Ministerio Público y juzgados móviles dentro de los territorios reocupados.
El secretario de Seguridad Pública del estado, Victor dos Santos, afirmó que se trata de una región estratégica para el crimen organizado, que en los últimos años ha intensificado las disputas violentas por el control territorial, afectando directamente a la vida cotidiana de la población local.
La propuesta va más allá del componente policial y se estructura en cinco ejes. En el ámbito de la seguridad y la justicia, el objetivo es retirar la presencia armada de organizaciones criminales y restablecer la autoridad del Estado. En el eje social, el plan prevé jornadas de atención en salud, educación y asistencia social, además de programas orientados a jóvenes y familias vulnerables para frenar el reclutamiento por parte del crimen organizado.
En materia de urbanismo e infraestructura, el Gobierno regional propone obras de saneamiento, iluminación y vivienda, así como la regularización de tierras con entrega de títulos de propiedad. El eje económico incluye incentivos al emprendimiento local, acceso a microcréditos, creación de cooperativas y estímulos al turismo comunitario. Finalmente, el eje de gobernanza prevé la creación de gabinetes de gestión territorial y consejos populares para acompañar y fiscalizar la ejecución del proyecto.
Según estimaciones oficiales, las organizaciones criminales que operan en la región habrían obtenido ganancias significativas a partir de actividades ilegales como la compraventa de inmuebles, servicios clandestinos de internet y distribución de gas. Esto, según el Gobierno local, refuerza la necesidad de una intervención integral y sostenida.
El plan de reocupación depende ahora de la homologación del STF, que estos últimos años ha establecido límites y directrices para las operaciones policiales en comunidades de Río de Janeiro, en respuesta a denuncias de abusos y violaciones de derechos humanos.
La iniciativa reaviva el debate sobre la política de "pacificación" en la ciudad. El primer intento, iniciado a partir de 2008 con la implantación de Unidades de Policía Pacificadora (UPP), logró inicialmente reducir indicadores de violencia en algunas comunidades, pero perdió fuerza con el tiempo debido a la falta de continuidad de inversiones sociales, problemas de gestión y el avance de milicias y facciones criminales. Muchas de esas áreas volvieron posteriormente a quedar bajo control del crimen organizado.
Al presentar el nuevo plan, el Gobierno regional afirmó que las lecciones del pasado fueron incorporadas y que, esta vez, la permanencia del Estado en los territorios reocupados será garantizada mediante la integración de seguridad, políticas sociales y desarrollo económico con participación activa de la población local.
