QUITO, 26 feb (Xinhua) -- La Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador, de mayoría oficialista, aprobó este jueves el proyecto de Ley para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía, impulsado por el Gobierno, en medio de fuertes cuestionamientos del movimiento indígena, que solicitaba su archivo por considerar que vulnera la Constitución y afecta derechos colectivos.
El proyecto, calificado como urgente en materia económica, fue aprobado con 77 votos a favor durante una sesión plenaria marcada por un intenso debate entre las distintas bancadas.
El Parlamento indicó en un comunicado que la iniciativa tiene como objetivo consolidar un marco legal que permita fortalecer dos áreas estratégicas para el desarrollo nacional, por su aporte a los ingresos del Estado, la generación de empleo y la provisión de servicios básicos como la electricidad.
En el ámbito minero, precisó que la norma refuerza los controles para combatir la minería ilegal y sus impactos ambientales y sociales; además, impulsa la formalización del sector para garantizar el cumplimiento de obligaciones tributarias y ambientales, incrementando así los ingresos del Estado y su inversión en obras y servicios públicos.
Añadió que la normativa fija reglas más claras y seguras para atraer inversión responsable, nacional y extranjera, sin afectar la propiedad estatal de los recursos naturales, que continúan siendo administrados por el Estado en función del interés general.
El asambleísta Adrián Castro, del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), afirmó en el debate que el proyecto no elimina la licencia ambiental ni debilita los controles mineros.
Agregó que la autorización administrativa ambiental está vigente desde 2017 y que la normativa secundaria determina qué actividades requieren permisos o licencias.
La norma fue aprobada en medio de protestas de colectivos ambientalistas y del rechazo de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que sostuvo que el proyecto "va en contra de la consulta previa y flexibiliza controles ambientales en favor de grandes empresas".
Mientras tanto, en materia energética, la ley busca garantizar la seguridad del suministro mediante un marco legal que promueva nueva infraestructura, diversificación de fuentes y mayor eficiencia del sistema eléctrico.
El proyecto de ley aprobado será enviado al Ejecutivo para su sanción u objeción, conforme a lo establecido en la Constitución.
