SANTIAGO, 27 feb (Xinhua) -- Estados Unidos da muestra pública de su estrategia de "securitización" en América Latina mediante acciones contra Chile que, según el experto chileno Ignacio Araya, intervienen en su política interna y buscan limitar sus opciones de desarrollo tecnológico.
A nombre del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, la Embajada de EE. UU. en Chile difundió la semana pasada un comunicado, que acusó a tres funcionarios chilenos, incluido el ministro de Transportes y Telecomunicaciones chileno, Juan Carlos Muñoz, de "socavar" la seguridad regional y anunció la restricción de sus visas.
En respuesta al desprestigio de Washington, el Gobierno chileno ha reiterado en repetidas ocasiones su oposición a la injerencia estadounidense en sus asuntos internos.
El presidente chileno, Gabriel Boric, criticó el 26 de febrero que la política exterior de la actual Administración estadounidense "reduce el espacio autónomo de los países medianos para desarrollarse y diversificar sus relaciones con países como China".
Además, la Cancillería chilena emitió un comunicado en el que condenó "la imposición de cualquier medida unilateral que vulnere la independencia de nuestro país, o que intente debilitar el legítimo derecho a ejercer nuestra soberanía nacional".
Para Araya, doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad Normal de China Central, este acto es la expresión más reciente de una estrategia sistemática de "securitización" de Estados Unidos en América Latina, frente a la creciente presencia de China en esta región.
El académico de la Universidad de Chile declaró que EE. UU. quiere evitar el avance del proyecto de cable de fibra óptica submarino "Chile China Express", que pretende conectar de manera directa la región portuaria de Valparaíso con Hong Kong.
"Es una escalada sin precedentes. Estados Unidos pasó de advertencias diplomáticas a puertas cerradas a sanciones personales públicas contra funcionarios de Gobierno", afirmó a Xinhua el especialista en política exterior, seguridad y tecnología.
Araya sostuvo que Estados Unidos considera a China un rival estratégico en la competencia tecnológica global y que ha ejercido presiones en distintos ámbitos para impedir que el plan se concrete en Chile.
En una reunión celebrada el 12 de febrero entre el embajador estadounidense en Chile, Brandon Judd, y la ministra de Defensa chilena, Adriana Delpiano, el diplomático expresó su rechazo a la iniciativa.
"Se trata de una disputa por infraestructura crítica. Más del 95 por ciento del tráfico mundial de datos circula por cables submarinos. Washington considera inaceptable que empresas del ecosistema tecnológico chino operen esa infraestructura en el hemisferio", explicó el especialista en China y América Latina.
Asimismo, indicó que el comunicado emitido por Washington "toma partido abiertamente" en la política interna chilena. El documento critica el legado en materia de seguridad del Gobierno del presidente Gabriel Boric, en "su ocaso", y envía señales de colaboración al mandatario ultraderechista que asumirá en marzo próximo, José Antonio Kast.
Bajo la perspectiva de Araya, el impacto inmediato de este hecho es una "crisis diplomática moderada, pero simbólicamente grave", con efectos a mediano plazo significativos.
"Primero, una autocensura burocrática: ningún funcionario querrá arriesgar su visa por aprobar contratos con empresas chinas, independiente del mérito del proyecto", aseveró, y agregó que Chile pierde su imagen de país con una política exterior pragmática y no alineada, lo que implica costos reales para su posición internacional.
En su análisis, el caso se inscribe en un patrón más amplio en la relación de Estados Unidos con América Latina. Entre los ejemplos mencionó las advertencias de seguridad de Washington sobre el megapuerto de Chancay, en Perú; la revisión por parte de Panamá de concesiones portuarias chinas próximas al Canal; y la evaluación en Bolivia de contratos de litio con empresas chinas.
Según Araya, el instrumento que utiliza Washington varía entre presión diplomática, sanciones personales, revisión de concesiones, pero la lógica es la misma: redefinir la cooperación económica y tecnológica entre China y América Latina como una amenaza a la seguridad.
En sus palabras, este proceso, conocido en las relaciones internacionales como "securitización", consiste en convertir un tema ordinario, como infraestructura, telecomunicaciones, recursos naturales, en un asunto de seguridad nacional para justificar medidas extraordinarias que, de otro modo, serían inaceptables en la política normal.
"Los países de la región son los que pagan el costo de una disputa que no diseñaron y sobre la cual tienen escasa capacidad de influencia autónoma", concluyó el académico.
