BUENOS AIRES, 27 feb (Xinhua) -- El Senado de Argentina convirtió en ley este viernes un nuevo Régimen Penal Juvenil, una iniciativa del Poder Ejecutivo por la cual la edad de imputabilidad baja de 16 a 14 años.
La norma contaba con el respaldo previo de la Cámara de Diputados y fue aprobada este día con 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención, por lo que ahora, de acuerdo con el procedimiento constitucional, deberá ser reglamentada por el Poder Ejecutivo para su posterior publicación en el Boletín Oficial.
"Hoy tenemos una gran oportunidad, venimos a cambiar un sistema totalmente tutelar, sin claridad, donde la ley es un factor discrecional. Un país que olvida a sus víctimas termina perdiendo el sentido de la justicia y eso es lo que venimos a recuperar", expresó la jefa de la bancada oficialista de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich.
La legisladora oficialista, una de las principales impulsoras del proyecto, remarcó durante el debate del texto que "el Estado no va a seguir mirando para otro lado. ¿Quieren que los ciudadanos que no cometen delitos sean de segunda? No importa la edad de los delincuentes, importa el delito".
Agregó que el modelo previo "se agotó, nosotros venimos a plantear algo moral y jurídicamente distinto, una teoría que deja de poner en la indefensión total a las familias que enterraban a sus hijos. Cuando el delito no tiene consecuencias, la ley pierde autoridad, y eso es lo que pasaba antes".
La norma aprobada hoy establece un sistema penal juvenil especializado para adolescentes de 14 a 18 años, con el objetivo de garantizar procesos judiciales adecuados a la edad.
Determina la presunción favorable a la minoría de edad y que los menores de 18 años no compartan ámbitos judiciales ni penitenciarios con adultos.
El Partido Justicialista (peronismo) expresó su rechazo al proyecto, y lo hizo mediante el senador Martín Soria, quien señaló: "A pesar de las correcciones, este proyecto de Régimen Penal Juvenil sigue siendo muy malo, contiene errores graves y peligrosos. No va a solucionar lo que ustedes creen que van a solucionar".
El nuevo régimen determina principios como legalidad, proporcionalidad y excepcionalidad de la privación de libertad, y prioriza la resocialización de los jóvenes que delinquen.
Incluye además garantías judiciales desde el inicio y que las causas se tramiten en órganos y centros especializados, con participación activa de las familias en el proceso.
En cuanto a las víctimas, estas quedan con un rol más importante respecto del régimen previo, ya que les otorga asistencia jurídica y psicológica inmediata, la posibilidad de intervenir en audiencias y de oponerse a las decisiones del Ministerio Público Fiscal.
En ese marco, la Oficina del Presidente celebró la actuación del Senado y dijo a través de un comunicado que "con esta ley, la Argentina cierra un capítulo de cuatro décadas de inacción legislativa y actualiza un marco normativo que permanecía desconectado de la realidad criminal del siglo XXI".
"La baja de la edad de imputabilidad a los 14 años no es solo un cambio legal, sino un acto de justicia hacia la sociedad. A partir de hoy, quien tiene la capacidad de comprender la gravedad de sus actos asume, sin excepciones, la responsabilidad de responder ante la ley. Delito de adulto, pena de adulto", resumió el Poder Ejecutivo en su mensaje.
El presidente argentino, Javier Milei, destacó en el texto "la labor de los legisladores que comprendieron que la seguridad de los argentinos y la protección de las víctimas deben estar por encima de todo. Esta reforma salda una deuda histórica y devuelve a la Justicia las herramientas necesarias para terminar con la impunidad y el caos que reinó durante décadas".
"El orden, la libertad, el derecho a la vida y a la propiedad privada solo son posibles cuando hay consecuencias reales para quienes quebrantan la paz social. En Argentina, dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada", añadió el mensaje presidencial.
