LIMA, 9 mar (Xinhua) -- El presidente de Perú, José Balcázar, afirmó este lunes que su Gobierno buscará "recuperar el orden" en el país sudamericano con el nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026-2028, que está orientado a enfrentar el avance del crimen organizado.
"Con este plan se busca recuperar el orden, fortalecer el principio de autoridad y garantizar que la ley prevalezca en el territorio nacional", afirmó el mandatario desde la sede del Ministerio del Interior, durante la ceremonia de presentación de esta nueva estrategia gubernamental.
El jefe de Estado remarcó que su gestión tiene el compromiso de velar por la paz y la seguridad de los ciudadanos, enfrentando de manera integral al crimen organizado, fenómeno que, según indicó, se manifiesta a través de varias modalidades delictivas que se diversifican constantemente.
En ese sentido, señaló que esta lucha requiere la participación coordinada de distintas instituciones del Estado, incluyendo la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, el Poder Judicial y el Ministerio Público, con el objetivo de responder de manera articulada a la dinámica de la criminalidad.
En ese sentido, explicó que el plan podrá ser ajustado en función de la evolución del fenómeno delictivo, considerando que las estrategias de combate al crimen deben adaptarse a los cambios en las actividades ilícitas que afectan la seguridad pública.
Durante la actividad, Balcázar recibió reportes de la labor policial sobre 801 operativos que permitieron la detención de 96 peruanos y 149 extranjeros, así como el decomiso de 30 armas de fuego y la desarticulación de 47 bandas, entre otras acciones.
El Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026-2028, oficializado hoy mediante un decreto publicado en el diario oficial "El Peruano", establece responsabilidades institucionales, mecanismos de coordinación intersectorial y sistemas de seguimiento y evaluación, destinados a fortalecer las acciones de prevención, control y lucha contra la criminalidad en el territorio nacional.
Asimismo, tiene como objetivo proteger a la población frente a amenazas contra su seguridad y garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales, en particular el derecho a la vida, la integridad personal y la seguridad de los ciudadanos.
El decreto señala que las disposiciones del plan serán de aplicación obligatoria en los tres niveles de Gobierno (nacional, regional y local) y para todas las entidades que integran el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, así como para aquellas instituciones públicas que intervienen directa o complementariamente en la prevención y control del delito.
