Por Sebastián Schulz
La reciente convocatoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la iniciativa denominada "Escudo de las Américas" vuelve a colocar en el centro del debate la cuestión de la seguridad regional y el rol que América Latina y el Caribe (ALC) ocupan en la estrategia global de Washington.
En noviembre de 2025, la Casa Blanca publicó una nueva estrategia de seguridad nacional en la que se plantea explícitamente la necesidad de recuperar capacidad de control en América Latina y el Caribe, una región que históricamente ha sido considerada por Washington como su área de influencia directa y prioritaria. Por ende, la participación de algunos líderes latinoamericanos en dicha reunión debe leerse en este contexto.
El planteamiento se vincula, a su vez, con los debates más amplios sobre las características de los procesos geopolíticos en curso. En diversos documentos oficiales, Estados Unidos viene sosteniendo que debe recuperar el control de lo que denomina como "su hemisferio", es decir, el hemisferio occidental.
Sin embargo, esta formulación implica una operación conceptual que busca desvincular a América Latina y el Caribe de su pertenencia estructural al Sur Global. Desde esta perspectiva, el objetivo estratégico de Estados Unidos consiste precisamente en bloquear los procesos de cooperación Sur-Sur que los países latinoamericanos han venido desarrollando con otras naciones emergentes y en desarrollo.
En este marco, la propuesta de construir un "escudo" aparece como una metáfora bastante elocuente. Detrás de esta idea se encuentra la intención de crear un mecanismo de seguridad regional bajo tutela estadounidense que consolide el papel de Washington como una suerte de "sheriff regional". La iniciativa, entonces, busca limitar la capacidad de los países latinoamericanos para definir sus propias agendas frente a los desafíos de seguridad que enfrentan y vetar cualquier tipo de cooperación Sur-Sur con naciones consideradas como "extra hemisféricas".
Según los lineamientos planteados por la Administración Trump, el esquema implicaría otorgar a Estados Unidos un acceso amplio a infraestructuras militares, redes de inteligencia locales y capacidad de incidencia directa en las políticas de seguridad nacionales. Bajo el argumento de combatir problemas como el narcotráfico, el crimen organizado o las crisis migratorias, este tipo de iniciativas tiende, en la práctica, a ampliar la capacidad de Washington para intervenir en los asuntos internos de los países de la región.
La experiencia latinoamericana muestra que los dispositivos de tal índole suelen funcionar como instrumentos para legitimar presiones políticas, operaciones de inteligencia e incluso intervenciones militares en aquellos países que no se subordinan a los intereses estratégicos de Washington.
En este sentido, las reiteradas amenazas provenientes de sectores de la política estadounidense contra Cuba, incluida la posibilidad de endurecer el bloqueo económico o promover medidas de presión directa contra el Gobierno de Miguel Díaz-Canel, muestran hasta qué punto la retórica de la seguridad puede transformarse en un mecanismo de disciplinamiento sobre aquellos países que sostienen posiciones soberanas en el escenario regional.
Al mismo tiempo, la concepción de seguridad que subyace a estas iniciativas se encuentra profundamente anclada en una lógica militarista e intervencionista que difícilmente puede ofrecer respuestas a los problemas estructurales que afectan a las sociedades latinoamericanas.
Muchos de los principales desafíos de seguridad en la región están vinculados con fenómenos como la desigualdad social, la pobreza, la fragilidad productiva, la inestabilidad financiera o las dificultades para consolidar procesos sostenidos de industrialización. En ese sentido, resulta evidente que los problemas no se resuelven mediante el despliegue de flotas militares del Comando Sur, operaciones de inteligencia extranjeras o presencia de tropas externas. Por el contrario, requieren mayores inversiones en infraestructura, desarrollo productivo, integración energética, conectividad y proyectos estratégicos que fortalezcan las capacidades materiales de los países latinoamericanos.
En segundo lugar, la iniciativa debe analizarse a la luz de la trayectoria histórica de las arquitecturas de seguridad promovidas por Estados Unidos en la región. Desde la proclamación de la Doctrina Monroe en 1823, la Casa Blanca ha concebido a América Latina como su "patio trasero" y ha impulsado diversos mecanismos institucionales destinados a consolidar esa posición.
Instrumentos como el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) o la propia Organización de los Estados Americanos (OEA) fueron presentados originalmente como sistemas de defensa colectiva. Sin embargo, en la práctica han funcionado como plataformas para legitimar intervenciones unilaterales estadounidenses en los asuntos internos de los países latinoamericanos.
Un ejemplo elocuente es la llamada "cláusula democrática" de la OEA, que en numerosas ocasiones ha sido utilizada desde una perspectiva selectiva para presionar o desestabilizar Gobiernos que no se subordinen con las prioridades de Washington.
Durante la Guerra de las Malvinas en 1982, el TIAR no fue activado para respaldar a Argentina frente al Reino Unido. Asimismo, el aval o el silencio de la OEA ante los golpes de Estado en Honduras (2009) y Bolivia (2019) evidencian las debilidades de estos mecanismos, que a menudo han generado más tensiones que soluciones duraderas.
En contraste, cuando América Latina y el Caribe pudo impulsar mecanismos propios de gestión de conflictos, los resultados fueron más positivos. La creación de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y, en particular, de su Consejo de Defensa Sudamericano constituyó un hito importante en esa dirección.
Dicho espacio permitió establecer canales de diálogo político y coordinación regional que contribuyeron a desescalar tensiones, como la crisis entre Colombia y Venezuela en 2010, y a responder a situaciones de inestabilidad política, como en Bolivia en 2008. Estas experiencias mostraron que la seguridad regional puede gestionarse con mayor eficacia cuando se basa en la cooperación, la confianza mutua y el respeto a la soberanía de los Estados.
También cabe recordar que América Latina y el Caribe ha logrado consolidarse durante las últimas décadas como una zona de paz, entendida como un espacio regional en el que los conflictos interestatales han sido resueltos mayoritariamente mediante el diálogo pacífico y mecanismos diplomáticos. En un mundo atravesado por un proceso de caos sistémico, conflictos y turbulencias, esto es algo que es necesario preservar y reivindicar.
La preservación de América Latina y el Caribe como zona de paz no ha sido un resultado automático, sino el producto de un esfuerzo sostenido por parte de los propios países de la región. Un ejemplo histórico de este compromiso fue la resolución pacífica del conflicto territorial entre Argentina y Chile a fines de la década de 1970 o, más recientemente, el papel de la Unasur en la gestión de crisis regionales.
En tercer lugar, el debate sobre el "Escudo de las Américas" debe situarse en el contexto más amplio de las transformaciones del sistema internacional. El mundo atraviesa un período de cambios estructurales sin precedentes en el último siglo, caracterizado por múltiples transiciones simultáneas -económicas, tecnológicas, ambientales y geopolíticas- que reflejan una redistribución progresiva del poder global.
Este proceso apunta al tránsito gradual desde un orden internacional predominantemente unipolar hacia uno más multipolar, en el que los países emergentes y en desarrollo buscan ampliar su participación en la toma de decisiones globales.
La creciente rivalidad geopolítica refleja la resistencia de algunos países a redistribuir el poder y democratizar la toma de decisiones globales, optando, en cambio, por preservar su hegemonía y actuar de manera unilateral. Más que una simple competencia entre grandes potencias, el escenario actual muestra, por un lado, intentos de restauración hegemónica y, por otro, el fortalecimiento de asociaciones entre países del Sur Global orientadas a democratizar el orden internacional mediante un nuevo tipo de relaciones basadas en el respeto mutuo, el beneficio compartido y el aprendizaje recíproco.
En este sentido, espacios como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) pueden constituir plataformas fundamentales para articular posiciones comunes en materia económica, política y de seguridad.
Ante propuestas militaristas y unilaterales, la región latinoamericana y caribeña ha de construir un enfoque alternativo de seguridad internacional basado en la cooperación, el multilateralismo y el respeto a la soberanía estatal.
Este enfoque debe promover una concepción de seguridad integral, cooperativa y sostenible, en la que la seguridad de un Estado no se construya a expensas de la de otros; debe respetar la soberanía y la integridad territorial de los países; y debe promover el diálogo, la mediación y los mecanismos diplomáticos frente al uso de la fuerza.
Poder priorizar estos principios es fundamental para construir políticas de seguridad duraderas, y que sean realmente efectivas frente a las nuevas amenazas como la ciberseguridad y seguridad tecnológica, el narcotráfico, las crisis energéticas y alimentarias, la exacerbación de la desigualdad, el cambio climático y desastres naturales e incluso las pandemias y la seguridad sanitaria.
Una mayor autonomía en materia de seguridad no solo ampliaría la capacidad de los países latinoamericanos para definir sus propias políticas, sino que también contribuiría a fortalecer agendas de desarrollo, integración regional y cooperación internacional.
En un orden internacional en transición hacia una mayor multipolaridad, América Latina y el Caribe enfrenta, en definitiva, una disyuntiva estratégica. La región puede aceptar esquemas de seguridad diseñados desde fuera, que reproduzcan relaciones de dependencia y subordinación, o puede avanzar en la construcción de mecanismos regionales propios que le permitan fortalecer su soberanía, ampliar su autonomía y consolidarse como un actor con voz propia en el escenario internacional.
(Sebastián Schulz es un sociólogo argentino e investigador de la Universidad Nacional de La Plata)
(Las opiniones expresadas en este artículo son del autor y no reflejan necesariamente la postura de la Agencia de Noticias Xinhua)
