SANTIAGO, 31 ago (Xinhua) -- El gobierno de Chile anunció hoy que enviará un proyecto de ley al parlamento para indemnizar a 113 víctimas de minas antipersonales, sembradas en zonas fronterizas.
El secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Desminado Humanitario (CNAD), coronel Alvaro Romero, confirmó que el gobierno le puso máxima urgencia al proyecto de ley sobre "minas terrestres, municiones convencionales y explosivos de uso militar", que debería ser aprobado por el Congreso durante este año.
En el texto preliminar se propone un bono único de 7,8 millones de pesos (15.000 dólares) en caso de incapacidad, equivalente al 50 por ciento del cuerpo; 5,2 millones (unos 10.000 dólares) para una invalidez de entre el 20 y 49 por ciento, y 2,6 millones (unos 5.000 dólares) para los demás casos.
También contempla una pensión de reparación de 102.000 pesos mensuales (unos 200 dólares), y beneficios educativos y habitacionales.
Según datos oficiales, en los últimos 30 años se han registrado 138 víctimas, de las cuales 113 son chilenas, desglosadas en 70 civiles y 43 militares. Del total, han muerto 15 personas, nueve civiles y seis militares.
Chile ratificó en 2002 el tratado de Ottawa que obliga a eliminar todas las minas antipersonales en 10 años, es decir, hasta 2012, plazo que puede ser prorrogable por otros 10 años.
En los años 70 del siglo pasado, el régimen militar de Augusto Pinochet decidió colocar esos artefactos en momentos en que estaba a punto de iniciar una guerra con Argentina por una disputa territorial en el Estrecho de Magallanes, la cual se pudo evitar con la intervención del papa Juan Pablo II.
También se colocaron esas minas en las fronteras con Perú y Bolivia.
Desde 2004, las Fuerzas Armadas chilenas comenzaron a erradicar los campos minados. Hasta la fecha han sido eliminadas 25,038, en cumplimiento a la convención, que establece su completa prohibición en todo el mundo.
El coronel Romero adelantó que se pedirá aumentar el plazo para eliminar las 123.421 minas existentes en parte del territorio nacional, pero la meta intermedia de lograrlo en el año 2016 parece que tampoco se cumpliría.
Estos artefactos explosivos se encuentran en un área total de 26 millones de metros cuadrados, ubicadas en zonas aisladas, cercadas y señalizadas.
El Ejército y la Armada trabajan en nueve frentes con un presupuesto de cuatro millones de dólares y 180 efectivos para eliminar los explosivos.
Elir Rojas, coordinador del Grupo de Víctimas de Minas y Municiones, denunció que los afectados no han recibido ayuda, y llamó al gobierno a "cumplir sus compromisos internacionales y nacionales respecto a la efectiva asistencia".
Además, pidió consensuar el proyecto de ley con la sociedad civil y las víctimas, destinar a los afectados la misma inversión de 10 millones de dólares que gastó el Ejército en comprar máquinas de desminado y equiparar los beneficios entregados a los militares con los de los civiles.
Rojas agregó que los programas de prevención deben ser permanentes, y que hay que dar prioridad al levantamiento en campos minados que afecten a civiles, especialmente en la sureña zona de Magallanes, donde hay más de 10 campos con minas antitanque a un costado de las carreteras.
Organismos internacionales relacionados con este tema ha indicado que hay entre unos 100 millones de minas antipersonales sembradas en 80 países. Cada año se extraen 100.000 minas en el mundo.
