Personas caminan frente al Gran Teatro de La Habana, en La Habana, capital de Cuba, el 16 de julio de 2022. (Xinhua/Joaquín Hernández)
LA HABANA, 13 dic (Xinhua) -- El Consejo de Estado de Cuba rindió cuentas de todas sus actividades este martes ante la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento unicameral), una acción realizada por primera vez a partir de lo establecido por la Constitución aprobada en abril de 2019.
Ese órgano, de acuerdo con la ley cubana, representa al Parlamento entre las sesiones legislativas, por lo que la rendición estuvo a cargo de la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Ana María Mari.
La legisladora destacó el sistemático funcionamiento de ese órgano superior estatal desde 2019, a pesar de las afectaciones ocasionadas por la pandemia de la COVID-19, junto al complejo escenario político y económico que impacta a la isla y al mundo.
Mari recordó que la nueva Constitución, aprobada hace tres años, estableció renovadas atribuciones al Consejo de Estado, que incluyen analizar los proyectos de leyes que se van a someter al Parlamento y ejercer el control y fiscalización de los órganos del Estado.
Explicó que se adoptaran 465 acuerdos relacionados, entre otras cuestiones, con la ratificación de convenios multilaterales y bilaterales, además de tomar decisiones en el nombramiento de jefes de misiones diplomáticas, designación de fiscales y elección de los magistrados del Tribunal Supremo Popular.
En otro momento, los legisladores discutieron un informe presentado por el primer ministro Manuel Marrero con unas Directivas Generales para combatir la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales.
"Las Directivas Generales para enfrentar el delito, corrupción, ilegalidades e indisciplinas sociales, deben implementarse en los organismos, entidades nacionales, y gobiernos territoriales, y reforzar los mecanismos y herramientas que ya existen para este combate", dijo el premier.
Marrero afirmó que, atendiendo a los reclamos del pueblo, la implementación de dichas medidas debe ser tarea permanente y sistemática, y llamó a la ciudadanía a rechazar y denunciar esos negativos fenómenos.
Asimismo, demandó fortalecer la prevención y el enfrentamiento de las ilegalidades, lo que contribuirá, subrayó, "al alcance de las metas de desarrollo económico y social al que aspiramos como sociedad".
Los diputados aprobaron la Ley de la Contraloría General de la República y del Sistema de Control Superior de los Fondos Públicos y de la Gestión Administrativa, norma que regula la misión, funciones, organización y funcionamiento de ese órgano del Estado.
Asimismo, dicha regulación establece las bases generales del sistema de control de los fondos públicos y de la gestión administrativa e integra, armoniza y sistematiza principios y conceptos que contribuyen a promover la obligación de rendir cuentas y la probidad en la gestión administrativa, entre otros elementos.
La nueva ley también hace énfasis en la prevención de los riesgos, indisciplinas, ilegalidades y manifestaciones de corrupción administrativa, acorde con la misión y funciones desarrollados por la Contraloría.
También quedó aprobada la Ley de Expropiación por razones de utilidad pública o interés social, normativa que fortalece el marco jurídico de actuación del Estado, al tiempo que robustece las garantías de las personas para el uso y disfrute de los bienes de su propiedad.
La ley autoriza la expropiación de bienes, como última alternativa, y únicamente atendiendo a razones de utilidad pública o interés social, con la debida indemnización, y determina su pertinencia y necesidad, las garantías debidas, el procedimiento a seguir, y la forma de compensación.
