QUITO, 3 abr (Xinhua) -- La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional (Congreso) de Ecuador avocó hoy lunes conocimiento de la solicitud de juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso por presunto peculado, luego de que la Corte Constitucional dio su aval para iniciar el trámite.
La comisión se instaló esta tarde por convocatoria de su presidente para conocer el expediente del caso, enviado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) el pasado 31 de marzo, un día después de que la Corte Constitucional emitió un dictamen de admisibilidad del juicio político.
La solicitud de juicio político fue planteada el pasado 16 de marzo por 59 legisladores de partidos y movimientos políticos de oposición.
El mandatario es acusado de supuesto peculado (malversación de fondos públicos) en un contrato firmado en 2018 y renovado en 2020 con la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec), dedicada al transporte marítimo de hidrocarburos.
La comisión legislativa tiene un mes para entregar un informe que recomiende o no la censura y destitución del mandatario en el pleno del Congreso.
El presidente de la comisión legislativa, Fernando Villavicencio, dijo a periodistas que la mesa "sustanciará" el juicio político exclusivamente por el presunto delito de peculado en el tema relacionado a Flopec.
El trámite se iniciará formalmente el martes, cuando se prevé notificar el proceso a Lasso y a los cuatro asambleístas solicitantes del juicio político.
A partir de entonces, empezarán a correr los plazos para iniciar el trámite de la interpelación.
En una primera etapa, Lasso y los asambleístas solicitantes del juicio político contarán con diez días para presentar las pruebas de cargo y de descargo, explicó Villavicencio.
"El presidente de la república tiene que presentar sus pruebas de descargo. De acuerdo con la ley, en el proceso de sustanciación, puede presentarse personalmente o a través de sus abogados defensores", señaló.
Posteriormente, habrá 10 días adicionales para que la comisión evalúe las pruebas presentadas por ambas partes, proceso que es clave para redactar el informe final en un lapso de tiempo similar.
El juicio político concentra la atención del Gobierno de Lasso, quien defiende su inocencia y confía en que saldrá airoso, pues sostiene que no ha cometido delito alguno y que sus detractores han inventado "patrañas".
En su opinión, el juicio político no tiene sustento jurídico ya que el contrato por el que se lo acusa se firmó antes de que asumiera la Presidencia del país en mayo de 2021.
"Se pretende censurar a un presidente de la república sin que estos hechos hayan pasado por la justicia ordinaria y exista una sentencia en firme, donde un juez haya dicho (..) aquí hay peculado", dijo Lasso la noche del domingo en una entrevista televisada.
Además, apeló a que los asambleístas reflexionen y recapaciten por la estabilidad del país.
Para la destitución del presidente se requieren 92 votos, es decir, las dos terceras partes de los 137 miembros de la Asamblea Nacional, dominada por la oposición.
