SANTIAGO, 17 abr (Xinhua) -- El Gobierno chileno presentó hoy una norma que establece una concentración máxima anual de arsénico en el aire, que busca favorecer a los habitantes de las ciudades donde operan las fundiciones de cobre, que concentran casi el total de las emisiones de ese elemento químico en el país.
"Se está trabajando en una nueva norma primaria de calidad del aire para este contaminante, que fijará un máximo de presencia de este elemento como concentración anual, lo que beneficiará a varias ciudades del país", señaló el Ministerio del Medio Ambiente en un comunicado.
La entidad entregó este lunes el anteproyecto de Norma Primaria de Calidad del Aire para Arsénico, material que no posee una regulación de este tipo en Chile y cuya exposición prolongada puede causar cáncer, lesiones cutáneas, y otras enfermedades.
La legislación propone un límite de concentración de arsénico en el aire de 23 nanogramos por metro cúbico, en línea con las recomendaciones de la agencia medioambiental de Estados Unidos (EPA).
"Nuestro objetivo es fortalecer y mejorar el marco normativo para proteger la salud de las personas. La elaboración de esta norma permitirá el desarrollo de planes de prevención o descontaminación en los territorios donde se acerque o supere el umbral establecido", dijo a los periodistas el subsecretario del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño.
Proaño indicó que esta medida viene acompañada de planes de prevención y descontaminación atmosférica en caso de que se supere la cantidad máxima permitida de arsénico en el aire, así como acciones para reducir la contaminación por arsénico que impactarían en las fundiciones.
En Chile, el 99 por ciento de las emisiones de arsénico, generadas por fuentes puntuales, corresponde a las fundiciones de cobre.
Según datos del Ejecutivo, los municipios con mayor concentración de arsénico son Calama y Copiapó -Tierra Amarilla, en la zona norte del país.
De acuerdo al Análisis General de Impacto Económico y Social (AGIES), elaborado en el marco del anteproyecto, se calcula que la nueva normativa tendrá un costo cercano a los 21 millones de dólares anuales para las fundiciones estatales de cobre Chuquicamata (Calama) y Hernán Videla Lira (Copiapó).
Por otra parte, la iniciativa traería beneficios por 13 millones de dólares.
Desde el Gobierno señalaron que esta propuesta se enmarca en los esfuerzos realizados por una "transición socioecológica justa, como una medida más para avanzar hacia el desarrollo sustentable".
