RÍO DE JANEIRO, 15 sep (Xinhua) -- Alrededor de 236.400 personas vivían el año pasado en la calle en Brasil, lo que representa uno de cada mil brasileños, según un informe divulgado hoy por el Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía.
El diagnóstico muestra que, del total de más de 236.000 personas que viven en las calles de las ciudades brasileñas, el 62 por ciento están en el sudeste, siendo el Distrito Federal el que tiene el mayor porcentaje - tres de cada mil personas que viven en las calles. El perfil de esta población está compuesto mayoritariamente por hombres (87 por ciento), adultos (55 por ciento) y negros (68 por ciento).
El documento atiende a un mandato judicial del Supremo Tribunal Federal (STF) que recomendó la elaboración de un diagnóstico de la población sin hogar, en el que converjan las diversas actividades que se desarrollarán en el ámbito de la Política Nacional para la Población sin Hogar.
En cuanto a las violaciones de los derechos humanos, el estudio revela que los hombres negros y los jóvenes son las principales víctimas de este tipo de violencia. Los morenos (55 por ciento) y los negros (14 por ciento) representan el 69 por ciento de las víctimas, y el grupo de edad más afectado es el de 20 a 29 años (26 por ciento), seguido del de 30 a 39 años (25 por ciento).
En cuanto al tipo de violencia, en el 88 por ciento de las notificaciones de 2022 se trataba de violencia física, siendo la violencia psicológica la segunda más frecuente (14 por ciento).
Entre las conclusiones, el informe muestra que la coordinación interministerial para la construcción de políticas públicas para las personas en situación de calle debe involucrar a las carteras de Desarrollo y Asistencia Social, Familia y Combate al Hambre; Trabajo y Empleo; Educación; Salud; Justicia y Seguridad Pública; y Ciudades.
También se destaca el papel de los servicios de protección especial en la reconstrucción de vínculos, la defensa de derechos y la atención a situaciones de vulneración. Otros puntos destacados son el fortalecimiento del acceso al empleo y a los ingresos, a derechos básicos como la documentación y la educación, así como la consideración del consumo de drogas como un problema de salud pública.
