QUITO, 5 dic (Xinhua) -- La Asamblea Nacional (Congreso unicameral) de Ecuador aprobó hoy martes la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada, como un instrumento complementario para combatir la delincuencia y la inseguridad que azotan al país sudamericano, informó el órgano legislativo.
La normativa fue aprobada en segundo y definitivo debate con 123 votos a favor durante una sesión del pleno de la Asamblea.
La ley crea y regula el Sistema de Vigilancia y Seguridad Privada en el país, así como la prestación de servicios de vigilancia para la protección de personas, bienes muebles e inmuebles y valores.
Asimismo, permite la formación y capacitación de los guardias de seguridad y la entrega de licencias para portar armas, además de que otorga herramientas para proteger y garantizar los derechos de los trabajadores del sector.
El asambleísta Xavier Jurado, de la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral de la Asamblea, argumentó que la ley prevé derechos fundamentales como la vida, el trabajo y la seguridad.
"Uno de sus fines es garantizar la regulación del sector y su articulación con las entidades del Estado, para coadyuvar a la seguridad integral", señaló en declaraciones difundidas por la Asamblea.
Agregó que la ley también determina con claridad las prohibiciones y sanciones para los guardias de seguridad.
Previo a la aprobación de la iniciativa, la Asamblea escuchó a representantes de los trabajadores de la seguridad privada, quienes destacaron la necesidad de aprobar una ley que permita regular su actividad en beneficio de la seguridad ciudadana.
"Esta ley es un anhelo de muchos años, ya que la norma vigente se ha convertido en una herramienta para la precarización laboral", dijo el vicepresidente de la Federación de Trabajadores de la Seguridad Privada de Ecuador, Diego Arroyo.
La aprobación de la ley se da en momentos en que Ecuador enfrenta una escalada de la inseguridad y violencia con una tasa de 40 homicidios por cada 100.000 habitantes, situándose como el país más violento de la región.
La crisis de seguridad ciudadana estalló en 2021 con robos, asaltos, atentados criminales, extorsiones, secuestros y otros delitos, que el Gobierno atribuye a grupos de delincuencia organizada ligados al narcotráfico.
El presidente del país, Daniel Noboa, que asumió el poder el pasado 23 de noviembre, ha prometido mano dura contra la delincuencia y en una de sus primeras acciones renovó el alto mando de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, dentro de la política de seguridad del Gobierno.
