SAO PAULO, 4 ene (Xinhua) -- Al menos 2.250 policías serán desplegados el próximo lunes en Brasilia para custodiar los actos oficiales en los cuales se repudiará el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023 contra el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció hoy el ministro interino de Justicia y Seguridad Pública, Ricardo Cappelli.
Cappelli explicó en rueda de prensa que este refuerzo policial se llevará a cabo inclusive sin la existencia de amenazas identificadas hasta el momento.
El próximo lunes, cuando se cumplirá un año de la asonada, Lula convocó, junto con los líderes del Congreso y del Supremo Tribunal Federal (STF), a gobernadores, alcaldes y personalidades de la sociedad civil a un acto en la sede del Poder Legislativo con 500 invitados para repudiar los ataques de hace un año en Brasilia.
Miles de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) asaltaron y depredaron las sedes de los tres Poderes -la casa de Gobierno, el Congreso y el STF- para desconocer la elección de Lula y pedir la intervención del Ejército.
"No hay hipótesis de una manifestación como la del 8 de enero del año pasado. No se confunde una manifestación con un intento de golpe de Estado, con ataques a los Poderes, con depredación del patrimonio público. Estamos todos respetando la Constitucion Nacional, respetando el legítimo resultado de las elecciones", dijo Cappelli.
Las avenidas que rodean las sedes de los Poderes en la zona conocida como Explanada de los Ministerios de Brasilia estarán cortadas al tránsito el próximo lunes y en la ciudad serán desplegados 2.000 agentes de la Policía Militarizada y 250 efectivos de la Fuerza Nacional.
Cappelli reiteró que no hay posibilidades de que el 8 de enero de 2023 vuelva a repetirse porque "la reacción de la sociedad y de las potencias fue muy fuerte y esa reacción estableció un límite muy claro".
Además, también afirmó que las manifestaciones políticas no serán reprimidas, siempre y cuando no amenacen las instituciones, en el marco de la firma de un convenio de cooperación entre el Gobierno federal y el regional de Brasilia, que está encargado de la seguridad de los edificios públicos.
