BUENOS AIRES, 5 ene (Xinhua) -- El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que firmó recientemente el presidente argentino, Javier Milei, con objeto de desregular la economía, ingresó hoy al Congreso Nacional, donde deberá ser tratado por una comisión integrada por senadores y diputados.
El texto, que el mandatario presentó a la población el 20 de diciembre pasado, consta de 366 artículos y, según dijo el jefe de Estado, impulsa "las reformas que comenzarán a destrabar un andamiaje jurídico e institucional opresor" para iniciar el "camino de la reconstrucción" nacional.
La norma establece la "desregulación del comercio, los servicios y la industria en todo el territorio nacional", y deja sin efecto "todas las restricciones a la oferta de bienes y servicios, así como toda exigencia normativa que distorsione los precios de mercado, impida la libre iniciativa privada o evite la interacción espontánea de la oferta y de la demanda".
La Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, compuesta por ocho senadores y ocho diputados, tiene 10 días hábiles, a partir de este viernes, para considerar el texto
La agencia oficial de noticias, Télam, informó que esa Comisión puede emitir dictamen a favor o en contra del DNU y, si eso no ocurriera, "la legislación establece que el Decreto está listo para ser debatido en ambas Cámaras del Congreso, que pueden tratarlo simultáneamente".
De acuerdo con la legislación argentina, si el DNU no es rechazado por el Senado y por Diputados, mantiene su vigencia.
El DNU presidencial autoriza la cesión total o parcial del paquete accionario de Aerolíneas Argentinas, la compañía de bandera del país sudamericano, y la implementación de la política de cielos abiertos, para habilitar la competencia entre líneas aéreas.
Además, deroga la normativa que impide la privatización de las empresas públicas y reforma el Código Aduanero "para facilitar el comercio internacional", entre otras medidas.
El texto, denominado "Bases para reconstrucción de la economía argentina", supone en total la derogación o modificación de unas 300 regulaciones, entre ellas en materia de empresas de medicina y farmacéuticas, del sector turístico y de los clubes de fútbol, que actualmente son asociaciones civiles sin fines de lucro y que, en lo sucesivo, podrán ser sociedades anónimas deportivas si así lo desean.
El capítulo laboral de la norma fue suspendido el 3 de enero pasado por un Tribunal judicial que, ante una petición de la Confederación General del Trabajo (CGT, central obrera), dijo que "no se evidenciaría objetivamente la 'necesidad' de adoptar tan numerosas medidas (...) ni razones de 'urgencia' para eludir la debida intervención del Poder Legislativo en lo que hace a la legislación" laboral.
Además, este viernes el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal 6 dio curso a un recurso de amparo presentado por Federación Argentina de Municipios (FAM) con la firma de 500 alcaldes, los que pidieron que se suspendan los alcances del decreto hasta que las Cámaras del Congreso se pronuncien.
"Desde la FAM hemos decidido trabajar para ponerle un freno al accionar inconstitucional que impulsa el Gobierno nacional. Por eso, 500 intendentes (alcaldes) de todo el país presentamos este recurso de amparo ante la Justicia para frenar el DNU, que avasalla los derechos de los argentinos", explicó a la prensa local el titular de la entidad, Fernando Espinoza.
La norma provocó manifestaciones de rechazo, con cacerolazos de los ciudadanos la noche del 20 de diciembre y una marcha de la CGT y organizaciones sociales el 27 de diciembre.
El presidente Milei, en tanto, ha dicho a la prensa local que el DNU busca que "los mercados sean más competitivos y terminar con algunos privilegios. Algunos que ven afectados sus intereses, se quejan".
"Tenemos un mandato muy claro para terminar con la inflación y evitar la hiperinflación, y hacer que crezca la economía", afirmó el jefe de Estado.
El mandatario, referente del liberalismo en el país, asumió el cargo el 10 de diciembre pasado.
Ha lamentado la "herencia" recibida de parte del Gobierno que lo precedió y advirtió a la población que "están dadas todas la condiciones para la peor crisis de la historia, por eso nos vimos obligados a hacer el ajuste".
La tercera economía de América Latina acumuló entre enero y noviembre de 2023 una inflación de un 148,2 por ciento, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), con la amenaza latente de una hiperinflación y el 40,1 por ciento de la población sumida en la pobreza.
Las medidas para corregir el rumbo económico han incluido una reducción en el número de ministerios nacionales, que pasaron de 18 a nueve, la devaluación de la moneda nacional, el congelamiento de las vacantes del empleo público y la eliminación de los subsidios que reciben los residentes en las tarifas de transporte público y energía.
