Nota del editor: Esta semana, Xinhua publica una serie de cinco comentarios sobre las acusaciones de "trabajo forzado" de Estados Unidos contra China. A continuación la quinta y última entrega.
BEIJING, 1 jun (Xinhua) -- Las sanciones unilaterales contra China, empresas o individuos chinos no se ajustan al derecho internacional y constituyen medidas coercitivas unilaterales.
Esta conclusión no provino de ninguna declaración oficial china, sino que fue trazada por Alena Douhan, relatora especial de la ONU sobre medidas coercitivas unilaterales y derechos humanos, luego de su viaje de investigación de 12 días a China, principalmente a la región autónoma uygur de Xinjiang, en el noroeste del país.
De las seis ciudades que Douhan inspeccionó para encontrar el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales sobre los derechos humanos, cuatro se ubican en Xinjiang, las cuales se han visto "particularmente afectadas" por las medidas unilaterales de Washington tomadas con el pretexto de luchar contra la malvada práctica del "trabajo forzado".
Sin embargo, es el propio Estados Unidos el que practica el mal en nombre del bien, lo que ha sido posible gracias a la llamada "Ley de Prevención del Trabajo Forzado Uygur", adoptada en diciembre de 2021. Con esta "poderosa arma legal" en la mano, el gobierno estadounidense ha realizado una serie de acciones dirigidas a personas y empresas inocentes dentro y fuera de Xinjiang, resultando no solo en pérdidas de empleos y cierres de empresas en la región, sino también en distorsiones del mercado e interrupciones en la cadena de suministro en todo el mundo.
Según esta ley estadounidense, todas las empresas con posibles vínculos con Xinjiang deben proporcionar pruebas creíbles de que sus productos no se fabrican con trabajo forzado, de lo contrario se enfrentarán a una prohibición total de importación.
Tal práctica, como señala el informe de Douhan, aplica "la presunción de culpabilidad (alto riesgo) de existencia de cualquier nexo con Xinjiang en cualquier etapa de la cadena de suministro" y viola los "principios fundamentales del derecho internacional". Irónicamente, Estados Unidos siempre se ha enorgullecido de su sistema legal, que respalda la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo.
En el panorama más amplio de las sanciones de Estados Unidos contra China, más de 1.300 entidades e individuos chinos han sido incorporados a los regímenes de sanciones de Estados Unidos o incluidos en la lista de entidades desde 2017. Solo una pequeña parte de ellos logró encontrar una salida, ya que el proceso pertinente es "extremadamente largo y costoso" y además existe "falta de transparencia".
Algunos casos citados en el informe de Douhan muestran que "10.000 páginas de documentos con datos relativos a su personal para cuestionar las acusaciones del trabajo forzado" todavía se consideran "insuficientes" como prueba de inocencia.
China, a la que Washington considera un archirrival frente al cual que no se detendrá ante nada para contener, ha sido el principal objetivo de las sanciones estadounidenses en los últimos años. Sin embargo, muchos más países y personas de los que uno podría imaginar se han visto afectados por el castigo y la coerción desenfrenados e injustificados ejercidos por Estados Unidos, en su mayoría de manera unilateral y a menudo sin tener en cuenta el derecho internacional.
Se ha informado que actualmente una cuarta parte del mundo sufre directamente las sanciones estadounidenses, ya que Washington parece ser cada vez más adicto al uso de sanciones, en lugar de la diplomacia o la persuasión, para desplegar su agenda e imponer su voluntad a los demás.
Solo en 2022, la administración Biden impuso una cifra récord de cerca de 2.500 sanciones, frente a las 883 del año anterior, y con un promedio de 1.688 por año. En comparación, la administración Trump promedió 1.027 sanciones al año, frente a 533 de la administración Obama y 435 de la administración Bush.
Ante esta situación alarmante y cada vez peor, el mundo ha llegado a un punto en el que debe preguntarse: ¿Quién le dio a Estados Unidos un poder aparentemente infinito para actuar a voluntad? Y si todos simplemente permanecen dóciles y guardan silencio, ¿quién puede garantizar que ellos mismos no se convertirán en el próximo objetivo y presa de Washington?
En su informe, Douhan pidió a los órganos de tratados de derechos humanos de la ONU que comiencen a revisar los casos sobre sanciones relacionadas con violaciones de derechos humanos causadas por sanciones unilaterales. Hizo hincapié en que estos exámenes deberían incorporarse en sus informes y abordarse mediante presentaciones individuales.
En la historia hubo casos en los que incluso los aliados cercanos de Estados Unidos lucharon valientemente contra la coerción de Washington. En la década de 1990, en respuesta a la infame Ley Helms-Burton destinada a cortar el comercio global con Cuba, la Unión Europea aprobó el Estatuto de Bloqueo para neutralizar mediante legislación los efectos de la jurisdicción de brazo largo de Estados Unidos dentro del bloque regional.
En los últimos años, este tipo de revueltas se han vuelto más comunes en todo el mundo, y un Sur Global en rápido crecimiento y cada vez más confiado a menudo dice no a las directivas o intimidaciones de Washington. Algunos reportajes de la prensa también han notado una "prisa por la desdolarización" que está ganando un impulso sin precedentes.
Esto debe servir como una severa advertencia y un llamado de atención para los políticos estadounidenses arrogantes. Es hora de que se den cuenta de que las sanciones y coacciones son más una muestra de debilidad y ansiedad que de fortaleza y confianza. Estas malas prácticas son también un arma de doble filo que puede no solo derramar sangre inocente, sino también herir gravemente a quienes la ejercen, privándolos de cualquier atractivo moral o de verdaderos aliados.
