LA PAZ, 16 ene (Xinhua) -- El Gobierno de Bolivia atribuyó este viernes el encarecimiento de los alimentos básicos al denominado "contrabando a la inversa", una práctica ilegal que consiste en la salida de productos nacionales hacia países vecinos en busca de precios más altos y que, según las autoridades, reduce la oferta interna y presiona al alza los precios en los mercados locales.
El ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Óscar Justiniano, sostuvo que el problema no está vinculado ni a la producción ni a los intermediarios, sino a la exportación irregular de alimentos destinados al consumo interno.
"Nuestro alimento, el que es para las familias bolivianas, está saliendo en beneficio de otros países, donde se vende a mayor precio", dijo el funcionario en conferencia de prensa.
El señalamiento del Ejecutivo se produce en un contexto de elevada presión inflacionaria. Bolivia cerró 2025 con una inflación acumulada del 20,40 por ciento, uno de los niveles más altos registrados en las últimas décadas, según datos oficiales difundidos esta semana, marcando un giro significativo para una economía que durante años se destacó por su estabilidad de precios.
El Ministerio de Planificación informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en diciembre una variación positiva del 0,59 por ciento respecto a noviembre de 2025, consolidando un año caracterizado por el encarecimiento sostenido de los alimentos, el transporte y los bienes importados.
El último episodio de inflación de dos dígitos se había registrado en 2008, con un 11,85 por ciento, seguido por un mínimo histórico de 0,26 por ciento en 2009.
Entre 2015 y 2023, la inflación anual se mantuvo mayoritariamente por debajo del 3 por ciento, hasta que en 2024 subió al 9,97 por ciento y se profundizó en 2025, en medio de desequilibrios fiscales, tensiones cambiarias y problemas de abastecimiento.
El Gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira prevé que la inflación se reduzca en 2026 a menos de la mitad del nivel alcanzado el año pasado y se sitúe idealmente en un solo dígito, aunque reconoce que el margen de maniobra sigue siendo limitado por factores externos y estructurales.
En este escenario, Justiniano afirmó que la actual administración heredó una estructura de lucha contra el contrabando "desmantelada" y denunció la existencia de posibles complicidades internas que facilitarían estas prácticas ilegales.
El ministro aseguró que, una vez que se logre frenar el contrabando a la inversa, una mayor disponibilidad de productos en el mercado interno permitirá una corrección gradual de los precios, con el objetivo de aliviar el impacto de la inflación sobre el poder adquisitivo de las familias bolivianas.
