QUITO, 10 mar (Xinhua) -- La Corte Constitucional de Ecuador declaró hoy martes que cuatro menores asesinados en diciembre de 2024 en la ciudad de Guayaquil, suroeste del país, fueron víctimas de desaparición forzada, en un caso por el que 11 militares fueron condenados a 34 años y ocho meses de prisión.
El Órgano Constitucional dio a conocer su decisión mediante una sentencia, tras admitir una acción extraordinaria de protección presentada contra la apelación que había rechazado un hábeas corpus en favor de los cuatro menores.
En su sentencia, la Corte reconoció que lo ocurrido con Josué e Ismael Arroyo, ambos hermanos; Steven Medina y Nehemías Arboleda, de entre 11 y 15 años, "constituye una de las violaciones más graves y reprochables del orden constitucional e internacional de los derechos humanos".
Además, "es incompatible con los principios del Estado constitucional de derechos y con una convivencia democrática fundada en el respeto a la dignidad humana".
"La Corte determinó que las autoridades judiciales vulneraron el derecho al debido proceso en la garantía de la motivación, al no analizar de manera integral la detención denunciada ni responder a las pretensiones relevantes planteadas por los accionantes", señaló la sentencia.
Agregó que el examen de mérito del caso, determinó que los niños fueron privados de la libertad de "forma ilegal, arbitraria e ilegítima por patrullas militares" y que el Estado no proporcionó información inmediata, satisfactoria ni convincente sobre su aprehensión ni sobre su paradero.
Por lo tanto, la Corte declaró que los cuatro menores "fueron víctimas de desaparición forzada".
La Corte ordenó medidas de reparación integral, incluyendo un acto público de reconocimiento de responsabilidad y disculpas por parte del Estado, que deberá ser realizado por el comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) y difundido a nivel nacional.
Según la Corte, la noche del 8 de diciembre de 2024, patrullas militares privaron ilegal, arbitraria e ilegítimamente de su libertad a los menores, colocándolos en absoluta indefensión e incumpliendo el deber de proteger su vida, su libertad y su dignidad.
El suceso ocurrió en el sector de Las Malvinas, sur de Guayaquil, después de que los menores jugaran un partido de fútbol.
Fueron detenidos por personal militar y, el 24 de diciembre, la Policía encontró los cuatro cadáveres incinerados y con signos de tortura cerca de una base militar y una semana después fueron identificados. Fin
