LA PAZ, 27 abr (Xinhua) -- Bolivia registró un aumento significativo de los conflictos sociales en el primer trimestre de 2026, con 176 casos documentados, casi el doble del promedio histórico mensual, según un informe presentado hoy lunes por la Defensoría del Pueblo, que advirtió de fallas en la gestión gubernamental de la conflictividad y pidió instalar un diálogo nacional urgente.
El reporte documenta 176 hechos de conflictividad, de los cuales 157 permanecen activos, en una curva ascendente que se acelera mes a mes con registros de 35 casos en enero, 44 en febrero y 78 en marzo.
"El patrón histórico de conflictividad de Bolivia refiere que mensualmente tenemos un promedio de 30 conflictos. Hoy estamos casi duplicando esa cantidad a 58", alertó en la presentación el defensor del pueblo, Pedro Callisaya.
De acuerdo con los datos oficiales, el departamento de La Paz (oeste) concentra el mayor número de conflictos con 47, seguido de Santa Cruz (este) con 28 y Cochabamba (centro) con 19, aunque el informe destaca una expansión hacia ciudades intermedias y áreas rurales.
Entre las principales medidas de presión, los bloqueos encabezan la lista con 60 registros, seguidos de paros (23) y marchas (21).
"El bloqueo es el corolario de todo un proceso de peticiones, demandas realizadas y que resultan no atendidas", señaló Callisaya.
El informe identificó factores económicos como el principal detonante de la conflictividad, en particular, la calidad y provisión de combustibles que generó 29 conflictos durante el trimestre, configurándose como uno de los focos más sensibles y de mayor intensidad.
"El gobierno no está sabiendo gestionar los conflictos, ni en su solución, ni en el manejo de sus tiempos", afirmó, al advertir que problemas sectoriales están escalando hacia conflictos más amplios, con mayor participación de actores y alcance territorial.
La Defensoría intervino en el 75 por ciento de los conflictos activos, equivalente a 119 casos, lo que refleja su rol en la mediación, aunque el organismo subrayó la necesidad de respuestas estructurales.
Callisaya instó a conformar de manera inmediata una mesa de diálogo con participación de actores políticos, empresariales y sociales, con el objetivo de consensuar una agenda nacional que contribuya a reducir la tensión social.
Comentó que el incremento de la conflictividad se produce en medio de dificultades económicas y creciente presión social, lo que plantea nuevos desafíos para la gobernabilidad en el país.
