MANAGUA, 17 jun (Xinhua) -- La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó este miércoles por unanimidad una serie de reformas a cinco leyes vinculadas a la prevención, investigación y sanción del lavado de activos, en una medida que las autoridades presentan como un fortalecimiento del sistema nacional de seguridad financiera y de la lucha contra el crimen organizado.
Entre las normativas modificadas figura la Ley No. 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, considerada uno de los principales instrumentos jurídicos del país para enfrentar delitos financieros.
Según el diputado Edwin Castro, coordinador de la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), las reformas amplían y fortalecen la estructura institucional encargada de combatir estas actividades ilícitas mediante la incorporación de la Comisión Nacional de Microfinanzas y la Corte Suprema de Justicia a los mecanismos de coordinación existentes.
Castro detalló que las enmiendas dan más herramientas a las autoridades policíacas para la persecución de estos delitos y a través del código penal se determinan nuevos conceptos penales relativos a estos delitos.
El diputado Walmaro Gutiérrez explicó que las nuevas disposiciones permitirán a los organismos supervisores monitorear, analizar e intervenir operaciones financieras realizadas mediante activos virtuales, incluyendo criptomonedas como el bitcoin.
"Creo que esto abona y fortalece el ordenamiento jurídico nacional, pone como cumplidor a Nicaragua frente a los organismos con el GAFIC (Grupo de Acción Financiera del Caribe) y la SILAC y continuamos demostrando que seguimos combatiendo la narco actividad, el crimen organizado, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva", afirmó el legislador.
Además, las reformas alcanzan la Ley de la Unidad de Análisis Financiero, el Código Penal, el Código Procesal Penal de la República de Nicaragua, y la Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados.
