Por René Quenallata Paredes
LA PAZ, 11 nov (Xinhua) -- El proyecto de un nuevo Código Minero impulsado por el Gobierno boliviano ha abierto un debate sobre el futuro del sector extractivo, entre la apuesta oficial por atraer inversiones y garantizar seguridad jurídica y las advertencias de expertos y organizaciones de investigación sobre posibles vulneraciones constitucionales, concesiones en áreas protegidas y beneficios tributarios que limitarían los ingresos del Estado.
El ministro de Minería y Metalurgia, Marco Antonio Calderón de la Barca, defendió la iniciativa como una oportunidad para modernizar la normativa y establecer reglas claras para los operadores, fortalecer la fiscalización e incrementar la producción.
"Acompañamos el proceso de elaboración de la propuesta del nuevo Código Minero, que constituye una oportunidad para construir un marco normativo más claro, moderno, amigable con el medio ambiente, con la sociedad y con las comunidades", afirmó durante la presentación del balance de su cartera, en el marco del primer año de Gobierno del presidente Rodrigo Paz.
En ese marco, el director general de Asuntos Jurídicos del ministerio, Álvaro Herbas, explicó que los contratos vinculados con áreas estratégicas, reservas fiscales, minerales radiactivos y proyectos de gran escala seguirán requiriendo aprobación legislativa, mientras que los de menor dimensión podrán ser autorizados por la futura Autoridad Nacional Minera.
Sin embargo, la propuesta ha recibido cuestionamientos desde distintos sectores. El abogado y analista ambiental Rodrigo Herrera Sánchez advirtió que el proyecto podría contravenir disposiciones de la Constitución de 2009 al permitir el reconocimiento de derechos mineros anteriores a esa norma dentro de áreas protegidas.
El experto en derecho ambiental, gestión de la biodiversidad y normativa constitucional dijo a Xinhua que existen más de 150 concesiones mineras en tres áreas protegidas y cuestionó que el artículo 156 del anteproyecto pueda facilitar su regularización, pese a las restricciones constitucionales y ambientales.
Herrera también alertó sobre posibles impactos en ecosistemas y fuentes de agua, y mencionó denuncias de operaciones mineras próximas al sistema hídrico de Misicuni, en Cochabamba (centro), y a las fuentes que abastecen a La Paz (oeste), en el sector de Hampaturi.
A su juicio, la propuesta presenta contradicciones con los compromisos internacionales de Bolivia sobre conservación de bosques y cambio climático, además de no garantizar suficientemente la protección de las comunidades indígenas.
Desde una perspectiva económica, el analista, investigador y docente universitario Héctor Córdoba consideró que el proyecto carece de un objetivo definido y no garantiza que el incremento de la actividad extractiva se traduzca en mayores ingresos para el Estado.
"Todavía no sabemos hacia dónde se dirige la política minera ni cuál es su objetivo principal. No sabemos si se busca generar divisas lo más rápidamente posible, potenciar el desarrollo local, maximizar los excedentes o incrementar los ingresos para el Estado", señaló a Xinhua.
Córdoba cuestionó los incentivos tributarios previstos en el proyecto de Código Minero para atraer capital privado y la ausencia, según su análisis, de mecanismos que garanticen el ingreso al país de las divisas obtenidas por las exportaciones de minerales.
También advirtió que las condiciones tributarias de las cooperativas auríferas y el nivel de las regalías podrían limitar la participación estatal en los beneficios de la explotación minera.
Por su parte, el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, a través de un informe elaborado por el investigador Alfredo Zaconeta, identificó observaciones al anteproyecto y advirtió de posibles privilegios tributarios, flexibilización ambiental y concentración de competencias institucionales.
El documento cuestiona, entre otros aspectos, los incentivos fiscales para grandes inversiones, los derechos mineros por períodos de 30 años prorrogables por otros 30, las disposiciones sobre consulta previa indígena y la creación de una autoridad que asumiría funciones de administración y fiscalización del sector.
Además, advierte sobre riesgos para humedales protegidos, fuentes de agua y territorios indígenas, así como deficiencias en los mecanismos para tratar los pasivos ambientales.
La elaboración del nuevo Código Minero comenzó a tomar forma el pasado mes de diciembre y tuvo como antecedente la Cumbre Nacional Minera de julio, en la que se definieron seis ejes de discusión: seguridad jurídica, contratos, institucionalidad, medioambiente, comercialización y desarrollo productivo.
El 27 de octubre, el Ministerio de Minería y Metalurgia inició la socialización del anteproyecto con representantes de los órganos Ejecutivo y Legislativo.
La iniciativa también afronta el rechazo de sectores cooperativistas y cívicos de Potosí, principal región minera del país. El lunes, la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) y la Federación departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin) de Potosí se declararon en emergencia al considerar que la propuesta es excluyente y perjudicial para la estabilidad del sector.
