ASUNCIÓN, 13 nov (Xinhua) -- El Ministerio Público (fiscalía) de Paraguay amplió hoy viernes la imputación en contra del expresidente Santiago Peña e incluyó el supuesto hecho punible de asociación criminal, en el marco de las investigaciones del caso Ueno Bank y de presuntas irregularidades vinculadas al ejercicio de las funciones de supervisión y regulación del sistema financiero.
También imputó el mismo delito al expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, y al superintendente de Bancos, Holger Insfrán, quien fue detenido el jueves por la Policía Nacional.
Otros tres exintegrantes del Directorio del BCP fueron imputados por los supuestos hechos punibles de asociación criminal y lesión de confianza y, en uno de los casos, también por producción inmediata y uso de documentos públicos de contenido falso.
De acuerdo con la hipótesis de la fiscalía, los imputados integraban una estructura organizada con la asignación de funciones y la presunta intervención de autoridades del Poder Ejecutivo y del BCP para favorecer intereses vinculados al conglomerado empresarial relacionado con el Grupo Vázquez y Ueno Bank.
En este caso, se atribuye al expresidente Peña, al expresidente del BCP y al superintendente de Bancos por supuesta participación en una asociación criminal, en el contexto de las actuaciones y omisiones que son objeto de investigación.
En tanto, los tres exintegrantes del Directorio del BCP pudieron tener conocimiento de informes técnicos que advertían sobre excesos en los límites crediticios relacionados con empresas vinculadas a Ueno Bank y sobre otras operaciones financieras observadas y, pese a esas advertencias, no activaron las medidas correctivas correspondientes.
La investigación también incluye el tratamiento de informes técnicos y comunicaciones institucionales del BCP, entre ellas una respuesta remitida a la Cámara de Senadores que, conforme a la hipótesis fiscal, omitió información relevante sobre observaciones formuladas a determinadas operaciones crediticias.
Por tal motivo, el Ministerio Público solicitó la aplicación de medidas cautelares personales y reales como la prisión preventiva para uno de los nuevos imputados y el arresto domiciliario con tobillera electrónica para los otros dos, además de la inhibición general de disponer y gravar bienes y el congelamiento de cuentas de todos los imputados.
