BUENOS AIRES, 23 ene (Xinhua) -- El Gobierno de Argentina rechazó hoy martes la huelga general convocada para el miércoles por la Confederación General del Trabajo (CGT, central obrera) y organizaciones sociales, al considerar que la medida de protesta "es un absoluto sinsentido".
La Administración del presidente Javier Milei, quien asumió el cargo el 10 de diciembre, ha propuesto una serie de normas para desregular la política y la economía nacional, iniciativas que son cuestionadas por los sindicatos, el Partido Justicialista (peronismo, que gobernó el país entre 2019 y 2023), y parte de la población, que se ha manifestado con cacerolazos.
En declaraciones realizadas el martes durante una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, el vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo que el paro y movilización de la CGT y organizaciones sociales previsto para el miércoles "es un absoluto sinsentido".
Adorni dijo estar "asombrado por el silencio que (los sindicatos y las organizaciones sociales) han tenido durante tantos años, con niveles de inflación y pobreza tremendos".
"Esperamos que la gente vaya a trabajar, que pueda regresar tranquila a sus hogares y que sea una jornada en la que triunfe la libertad, que el que quiera ir a trabajar, lo pueda hacer, y el que quiera parar, que lo haga, porque también es su derecho, sin cercenar al resto y sin pretender que los demás se acoplen a algo en lo que la mayoría de los argentinos no está de acuerdo", sostuvo el portavoz.
El acto previsto para el miércoles se llevará a cabo frente al Congreso e incluirá una movilización de los principales gremios del país, entre ellos los trabajadores camioneros, los de la construcción, los estatales y los mecánicos.
El transporte, en tanto, funcionará hasta las 19:00 para permitir el traslado de los manifestantes, y luego de esa hora se sumará a la medida.
El Gobierno dijo que descontará el día a los trabajadores estatales que se ausenten de sus puestos para participar de la protesta.
Milei remarcó el lunes que las medidas de su Administración son rechazadas por algunos sectores porque "devuelven libertades y se eliminan tongos (acuerdos espurios). Por eso están enojados", dijo a la prensa local.
El programa implementado por el Gobierno argentino recorta el gasto público e impulsa una amplia desregulación en materia política y económica mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y un proyecto de ley que actualmente debate la Cámara de Diputados.
Para ajustar el gasto se dispuso no renovar los contratos en el Estado nacional que tenían una vigencia menor a un año, reducir de 18 a 9 la cantidad de Ministerios del Gabinete y disminuir al mínimo las transferencias de recursos nacionales a las provincias.
Las medidas fueron complementadas con el DNU y el proyecto de ley que, de manera combinada, desregulan el comercio, los servicios y la industria, y dejan sin efecto toda normativa que "distorsione los precios del mercado, impida la libre iniciativa privada o evite la interacción espontánea de la oferta y la demanda".
Ambos instrumentos derogan o modifican alrededor de 300 regulaciones, entre ellas las que impiden privatizar empresas públicas, y establecen cambios en materia de empleo e indemnizaciones por despido, en el régimen de partidos políticos, en la composición de la Cámara de Diputados y en materia de impuestos y jubilaciones.
