RÍO DE JANEIRO, 3 jun (Xinhua) -- El Gobierno brasileño anunció hoy que está en contra de la propuesta de ley que se tramita en el Congreso para privatizar el acceso a las playas brasileñas y trabajará para eliminarla, informaron hoy fuentes oficiales.
En declaraciones a la prensa tras una reunión con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva para abordar el asunto, el ministro de Relaciones Institucionales, Alexandre Padilha, expresó el rechazo del Gobierno a la polémica iniciativa.
"Tal y como está la propuesta, el Gobierno está en contra", expresó el funcionario.
La moción de reforma de la Constitución (PEC) para transferir la propiedad de las tierras del litoral brasileño de la Marina a los estados, municipios y propietarios privados se volvió a debatir el 27 de mayo en una audiencia pública en el Senado. Aprobada en febrero de 2022 en la Cámara de Diputados, la PEC estaba paralizada en la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) del Senado desde agosto de 2023.
"El Gobierno se opone a este programa de privatización de las playas brasileñas, que restringirá el acceso de la población brasileña a las playas y creará verdaderos espacios privados y cerrados. Vamos a trabajar contra eso en la CCJ, todavía hay mucho tiempo para discutirlo en la CCJ, vamos a dejarlo en claro", enfatizó Padilha.
Organizaciones ambientalistas advierten que la aprobación de la propuesta podría comprometer la biodiversidad del litoral brasileño, mientras que los favorables al texto argumentan que el cambio es necesario para regularizar las propiedades ubicadas en terrenos de la Marina y que las áreas generan pérdidas para los municipios.
La PEC excluye el punto VII del artículo 20 de la Constitución, que establece que los terrenos de la Marina son propiedades federales, transfiriendo gratuitamente a los estados y municipios "las áreas afectadas a servicios públicos estatales y municipales, incluidas las destinadas al uso de concesionarios y permisionarios de servicios públicos". Además de las playas, el Gobierno federal es propietario de las orillas de los ríos y lagunas donde influyen las mareas.
En cuanto a los propietarios privados, el texto prevé la transmisión a título oneroso para quienes estén inscritos regularmente "en el órgano de gestión de la propiedad de la Unión -en referencia al Gobierno federal- hasta la fecha de publicación" de la enmienda a la Constitución. También autoriza la transmisión de la propiedad a los ocupantes "no registrados", siempre que la ocupación haya tenido lugar al menos cinco años antes de la fecha de publicación de la PEC.
La propuesta resalta que las zonas actualmente utilizadas por el servicio público federal, las unidades medioambientales federales y las zonas aún no ocupadas seguirán siendo propiedades federales.
