LA PAZ, 18 dic (Xinhua) -- El Gobierno de Bolivia reconoció este jueves que el decreto de "emergencia económica, financiera, energética y social", que elimina la subvención a los combustibles, tendrá un impacto en la canasta familiar, aunque aseguró que será "no significativo" y que la medida permitirá ordenar la economía y evitar un escenario de hiperinflación.
El Decreto Supremo 5503, anunciado la noche del miércoles por el presidente Rodrigo Paz Pereira, busca, según el Ejecutivo, corregir distorsiones acumuladas en los precios, estabilizar la macroeconomía y contener una crisis que, de no intervenirse, habría llevado al país a un colapso inflacionario.
En conferencia de prensa, los ministros de Economía y Finanzas Públicas, Gabriel Espinoza, y de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, reconocieron que el levantamiento del subsidio a los carburantes tendrá efectos sensibles, especialmente en los precios de los alimentos, pero rechazaron que se trate de un golpe severo al consumo básico.
"El abastecimiento está asegurado. No va a faltar aceite, no va a faltar pollo, no va a faltar huevo", afirmó Espinoza, quien atribuyó la reacción social a una "psicosis colectiva" alimentada por cadenas de desinformación, que, dijo, amplificaron el temor a un desabastecimiento generalizado.
El ministro sostuvo que el encarecimiento de productos básicos ya se venía gestando antes del decreto, como consecuencia de la escasez de diésel y la volatilidad cambiaria heredadas.
En el plano social, el Gobierno anunció que se elevará el salario mínimo nacional de 2.750 bolivianos (unos 395 dólares) a 3.300 bolivianos (474 dólares), durante la gestión 2026, como un ancla de negociación para el amplio sector informal.
Espinoza subrayó que el salario mínimo es la referencia real para trabajadores eventuales, cuentapropistas y servicios domésticos.
"No podemos reconstruir la economía si dejamos a alguien atrás", agregó.
Uno de los ejes estructurales del decreto es el cambio en el rol del Banco Central de Bolivia (BCB), que no podrá financiar a las empresas públicas, práctica que, según Espinoza, erosionó las Reservas Internacionales Netas y la credibilidad macroeconómica.
El ministro vinculó además la escasez de divisas al sistema de subsidios a los combustibles y afirmó que cerca del 30 por ciento de esos recursos terminaban en redes de corrupción y contrabando.
En el ámbito financiero, el decreto reglamentó el aplazamiento de créditos heredado de anteriores gestiones, que, explicó Espinoza, el alivio deja de ser automático y pasa a ser solicitado por el prestatario.
Frente a las protestas de gremiales, transportistas, mineros, sindicatos, vecinos y otros, el Gobierno rechazó los incrementos abruptos en tarifas y precios.
"No hay ninguna razón válida para incrementar los precios del transporte público, en el ámbito urbano y en el ámbito departamental", afirmó Espinoza, al recordar que el decreto reduce aranceles a llantas, repuestos y lubricantes.
Por su parte, el ministro Medinaceli calificó las distorsiones generadas por el subsidio como una "enfermedad" de la economía boliviana.
"Se le quitó el negocio a esos malos bolivianos que ganaban entre uno y dos millones de dólares por día", afirmó, en referencia a redes de contrabando y mercado negro.
Como parte de la estrategia energética de mediano plazo, el Gobierno anunció la apertura a la importación de petróleo crudo para su procesamiento en refinerías nacionales.
Medinaceli explicó que el objetivo es elevar la capacidad de refinación del país, actualmente cercana al 30 por ciento, hasta niveles del 90 por ciento, con impacto directo en el Producto Interno Bruto industrial.
El ministro enmarcó estas decisiones en una reforma más amplia del sector energético, que incluye nuevas leyes de hidrocarburos, electricidad, energías verdes y litio, con mayor participación privada.
