PANAMÁ, 20 oct (Xinhua) -- El Gobierno panameño promulgó hoy en la Gaceta Oficial de Panamá, el órgano de comunicación del Estado, el nuevo contrato minero de concesión con la empresa Minera Panamá, y que el pleno de la Asamblea Nacional de Diputados aprobó en tercer debate este viernes.
El decreto firmado por el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, y por el ministro de Comercio Industrias, Federico Alfaro, surge como alternativa para darle viabilidad jurídica al proyecto minero de Cobre Panamá, el principal de su tipo en el país, al noroeste del territorio panameño.
En un fallo en julio de 2017, la Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró inconstitucional la ley de febrero de 1997 que aprobó el contrato celebrado entre el Estado y la Sociedad Minera Petaquilla (actualmente Minera Panamá, cuya mayoría pertenece a la compañía canadiense First Quantum), lo que incidió en la necesidad de la negociación de nuevas condiciones en la concesión.
El telecanal local TVN mostró que tras conocerse la promulgación de la ley, grupos de manifestantes cerraron esta noche un tramo de la céntrica Avenida Balboa de la capital panameña y como señal de protesta, arengando que preferían un Panamá verde y que proteja el ambiente, y no estar frente al riesgo de contaminación que puede implicar la minería a cielo abierto.
La ley que aprueba el contrato precisa el otorgamiento al concesionario de los derechos exclusivos para explorar, extraer, explotar, beneficiar, procesar, refinar, transportar, vender y comercializar el mineral metálico de cobre, y en conjunto con la exploración y explotación del cobre, sus minerales asociados.
Establece en 12.955,1 hectáreas el área total de concesión, con una duración inicial de 20 años, y la posibilidad de solicitar y obtener una prórroga por 20 años.
El contrato señala, entre otros aspectos, la obligación del concesionario de realizar un pago anual al Estado por una suma no menor a 375 millones de dólares, que constituye un ingreso mínimo garantizado.
El contrato ha sido objeto de cuestionamientos por parte de sectores inconformes con su texto, o que reclaman un debate real sobre el riesgo de contaminación de la minería a cielo abierto en un país tropical y de rica biodiversidad como Panamá.
El Gobierno ha insistido, en cambio, en que el proyecto es bueno para Panamá, y que iba a permitir la generación de mayores beneficios que los acordados originalmente en el contrato de concesión.
La aprobación se dio en una acelerada discusión esta semana, y en medio de protestas en calles de la capital panameña y en otros lugares del país, y luego de que el ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro, presentara el lunes de nuevo la propuesta de ley, cuyo primer debate había suspendido el mes pasado la comisión de comercio legislativa.
La comisión había recomendado además entonces al Ejecutivo retirar la propuesta de contrato para atender varias consideraciones de la sociedad civil y de grupos organizados, y expresadas en la etapa previa a la consideración del proyecto.
Alfaro presentó la propuesta con ajustes, que, según un comunicado de la cartera que lidera, abarcan la eliminación de cláusulas, y la aclaración de conceptos, en lo relativo a la expropiación, el alcance de la concesión, el espacio aéreo, el contrato marco, la identidad de beneficiarios finales, otras concesiones mineras, facultades de fiscalización y la soberanía.
El proyecto de Cobre Panamá, con una inversión estimada de más de 6.000 millones de dólares, fue inaugurado en febrero de 2019, durante el Gobierno del expresidente panameño Juan Carlos Varela (2014-2019), quien auguró que la propuesta iba a generar más de 4.000 empleos permanentes en los próximos 30 años, con un gran impacto en las comunidades cercanas, y a asegurar por décadas un tres por ciento de crecimiento anual de la economía panameña.
