PANAMÁ, 23 oct (Xinhua) -- Las protestas contra el contrato suscrito entre el Gobierno panameño y Minera Panamá generaron hoy lunes desórdenes y afectaron la jornada educativa y laboral en este país centroamericano.
El contrato fue sancionado el pasado viernes por el presidente panameño, Laurentino Cortizo, tras su aprobación el mismo día en el tercer debate en la Asamblea Nacional de Diputados, para dar la viabilidad jurídica al mayor emprendimiento minero de Panamá, desarrollado por Minera Panamá, filial de la compañía canadiense First Quantum, en una zona rural al noroeste del país.
En un fallo en julio de 2017, la Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró inconstitucional la ley de febrero de 1997 que aprobó el contrato alcanzado entre el Estado y la Sociedad Minera Petaquilla (actualmente Minera Panamá), lo que incidió en la necesidad de la negociación de nuevas condiciones en la concesión.
Trabajadores de la construcción, educadores, indígenas y miembros de otros sectores de la sociedad civil participaron desde tempranas horas de este lunes en cierres de calles, marchas y otras manifestaciones frente al campus de la estatal Universidad de Panamá en la capital panameño y en otros lugares del país, que se incrementaron en el transcurso del día, en rechazo al contrato minero.
En medio de las protestas se dieron enfrentamientos entre unidades antimotines y manifestantes en diferentes lugares de la Ciudad de Panamá, capital del país, como la céntrica Plaza 5 de Mayo, las inmediaciones de la Asamblea Nacional de Diputados y la sede del oficialista y tradicional Partido Revolucionario Democrático (PRD), entre otros.
Miembros del estatal Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), del Frenadeso (Frente nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales) y de la Conusi (Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente) aseguraron durante una de las protestas que se sigue desconociendo el fallo de inconstitucionalidad de la Corte sobre el primer contrato y otras consideraciones.
Aseguraron que se pasa por alto el impacto que tiene la mina en el fenómeno del cambio climático y los daños irreversibles en esa área del Corredor Biológico Mesoamericano, así como la contaminación del agua de los ríos y las fuentes subterráneas.
Afirmaron, entre otros aspectos, que las supuestas regalías que recibe Panamá de la explotación de sus recursos naturales siguen siendo ridículas en comparación con otras latitudes.
El ministro de Ambiente de Panamá, Milciades Concepción, defendió, a través del canal de televisión local TVN, los beneficios para el país centroamericano del nuevo contrato minero.
Concepción aseguró que este contrato ha sido el más consultado en la historia del país y que es de 10 a 100 veces mejor, desde el punto de vista ambiental, financiero y social, que el contrato original.
El contrato fue sometido además a consulta pública, resaltó el ministro, y añadió que si alguien no esta de acuerdo con el compromiso puede interponer los recursos del caso.
La ley que aprueba el contrato precisa el otorgamiento al concesionario de los derechos exclusivos para explorar, extraer, explotar, beneficiar, procesar, refinar, transportar, vender y comercializar el mineral metálico de cobre, y en conjunto con la exploración y explotación del cobre, sus minerales asociados.
Establece en 12.955,1 hectáreas el área total de concesión, con una duración inicial de 20 años y la posibilidad de solicitar y obtener una prórroga por 20 años.
El contrato señala, entre otros aspectos, la obligación del concesionario de realizar un pago anual al Estado por una suma no menor a 375 millones de dólares, que constituye un ingreso mínimo garantizado.
