QUITO, 26 ene (Xinhua) -- La Corte Constitucional de Ecuador emitió hoy viernes dictamen favorable a 10 preguntas de la consulta popular y referendo constitucional propuestas por el presidente Daniel Noboa sobre temas de seguridad, justicia y empleo.
La institución informó en un comunicado que "en uso de sus facultades constitucionales y legales de control, emitió tres dictámenes, dos respecto a consultas populares y uno sobre modificación constitucional".
El mandatario envió los pasados 2 y 9 de enero a la Corte Constitucional un total de 20 preguntas sobre varios temas que el Gobierno busca someter a consideración del pueblo en las urnas, pero retiró una que trataba sobre el regreso de los casinos.
Las preguntas deben ser calificadas previamente por la Corte Constitucional, como máximo órgano de control en la materia.
La entidad precisó en el comunicado que los temas aprobados están "relacionados con control de armas y municiones por parte de las Fuerzas Armadas alrededor de los centros de privación de libertad", así como "tipificación de delitos vinculados con tenencia o porte de armas".
Incluyen el incremento de penas en delitos como terrorismo y delincuencia organizada, extradición de ecuatorianos por crímenes transnacionales, establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional y reconocimiento de arbitraje internacional como método para solucionar controversias.
Adicionalmente, se dio paso a otra pregunta relacionada a enmendar la Constitución y reformar el Código de Trabajo para incorporar nuevas modalidades laborales a plazo fijo y por horas.
Durante la campaña electoral, el presidente Noboa ofreció llevar a cabo una consulta en los primeros 100 días de su Gobierno, que inició el 23 de noviembre pasado para un corto mandato de 18 meses.
El mandatario ecuatoriano ha expresado que aspira a que la consulta popular se pueda realizar el 10 de marzo próximo.
El Gobierno impulsa el plebiscito en momentos en que Ecuador enfrenta "un conflicto armado interno" y un "estado de excepción" declarados por el presidente para enfrentar la escalada de violencia desatada hace dos semanas por grupos del crimen organizado, que ya se cobraron más de una docena de vidas.
Bajo estas medidas, las fuerzas de seguridad fueron desplegadas a las calles, cárceles y zonas de alta conflictividad para controlar el orden y prevenir actos delictivos por parte de bandas criminales identificadas como "terroristas".
El Gobierno ha pedido a las Fuerzas Armadas neutralizar a estas organizaciones y muchos de sus líderes ya han sido capturados.
