PANAMÁ, 8 sep (Xinhua) -- El Gobierno panameño anunció hoy un paquete de medidas por el desbordamiento del flujo de migrantes de diversos países que está ingresando por la oriental y selvática provincia de Darién, fronteriza con Colombia, en tránsito hacia Norteamérica, y que marca un récord interanual con el paso de más de 352.000 personas en lo que va del año.
La implementación de las medidas a partir de este viernes fue anunciada en una conferencia de prensa en la sede del Servicio Nacional de Migración (SNM) en la capital panameña, con la presencia de los principales representantes de las entidades de seguridad del Estado.
Los nuevos mecanismos anunciados tienen que ver con un mayor control en los puntos de ingreso de personas, el aumento del monto de solvencia para el ingreso al país y la decisión de acrecentar las deportaciones a los países de origen, empleando inclusive vuelos chárter, en los casos de las personas que por su perfil o antecedentes representen un riesgo a la seguridad nacional.
"Ya estamos a un límite de nuestras capacidades porque el desbordamiento de las personas es de forma masiva", afirmó el ministro de Seguridad Pública de Panamá, Juan Pino, al referirse al ingreso de estas personas a territorio panameño.
La directora del SNM, Samira Gozaine, detalló que las medidas incluyen la remoción de puestos de control y asistencia migratoria de las comunidades receptoras de Bajo Chiquito y Canaán Membrillo, en Darién.
"Vamos a construir al lado de estos lugares de acogida espacios en donde podamos integrar y tener contenidos a los migrantes, que no afecten el diario vivir de todas las personas de las comunidades", señaló.
La segunda medida administrativa, explicó, será la continuación de las deportaciones y de las expulsiones del país de los extranjeros irregulares y con antecedentes penales que estén utilizando las capacidades del Senan (Servicio Nacional de Fronteras).
"Trataremos de incrementar esas capacidades para poder duplicar o triplicar esos vuelos semanalmente, de ser posible", precisó.
Informó que vuelos chárter serán contratados para reforzar las deportaciones o expulsiones de personas en condición irregular con antecedentes penales. Además, las medidas operativas serán ajustadas en puestos formales de ingreso a Panamá como los aeropuertos.
Gozaine anunció además la reducción del período de permanencia como turista de 90 días a 15, luego de los cuales algunas personas tendrán que pagar una multa, sin embargo, la medida no será para todas las personas ni para todas las nacionalidades y será adoptada según el perfil de los visitantes o entrevistas previas.
La funcionaria comunicó también que aumentarán la exigencia de solvencia económica para el ingreso al país a través de los puestos de control formales de 500 dólares a 1.000, lo que subrayó se aplicará considerando también el perfil del visitante.
El director general del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), Jorge Gobea, informó por su parte sobre el reforzamiento del bloqueo marítimo y costero en ambos litorales del país, con botes, para atacar y mitigar el efecto del fenómeno migratorio.
Señaló el propósito de evitar el establecimiento de campamentos clandestinos en las cabeceras de los ríos que devasten el medio ambiente, contaminen y sirvan como un vínculo con el crimen organizado. Mencionó así mismo acciones para la identificación de redes criminales, con el Ministerio Público.
Estos esfuerzos dieron como resultado la desarticulación de una red de trata de personas, según las autoridades.
El Gobierno panameño ha subrayado que el Darién no es una ruta, sino una jungla llena de riesgos y peligros para la travesía de los migrantes, que tendrán que pasar por zonas selváticas, montañas, ríos caudalosos y otras amenazas.
En 2022 el paso de migrantes a Panamá producto de la migración fue de 250.000 personas.
