Por Cristóbal Chávez Bravo
SANTIAGO, 14 nov (Xinhua) -- El texto presentado para modificar la Constitución chilena, en su segundo intento tras el rechazo a la propuesta anterior, resalta por su carácter conservador, en tanto busca fortalecer el derecho privado y abogar por instituciones más estables, en desmedro de las minorías, afirmaron expertos.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, recibió hace una semana la propuesta de la nueva Constitución elaborada por el Consejo Constitucional, que se plebiscitará el 17 de diciembre próximo.
El académico Mario Herrera, del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca, afirmó a Xinhua que las mayores diferencias entre el primer proyecto y el presentado este mes apuntan a una menor burocracia estatal.
"El texto del Consejo se parece más a la Constitución vigente. Propone instituciones políticas más estables, pero menos representativas de las minorías. En materia económica, mantiene el acento en la defensa de la propiedad privada, manteniendo el 'estatus quo' de la actual Constitución", indicó el politólogo.
Para Herrera, esta propuesta "definitivamente mantiene" el modelo neoliberal, duramente cuestionado en el estallido social chileno en 2019, por agudizar la desigualdad.
El actual presidente prometió convertir a Chile en "la tumba del neoliberalismo" tras ganar las elecciones.
"Si el nuevo texto constituyente se aprueba, es probable que no haya cambios significativos en materia económica. Lo positivo, eso sí, es que se proponen medidas para fortalecer el control y la fiscalización de los recursos públicos", dijo el máster en Política y Gobierno.
Para el experto chileno, en este texto el país tendría mayor control y fiscalización junto con una mayor autonomía en términos institucionales.
"No obstante, el exceso de burocracia puede hacer más lentos los procesos", dijo.
En tanto, el académico Eduardo Aldunate, del Departamento de Derecho Público de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso de Chile, profundizó que el proyecto mantiene la tradición constitucional chilena caracterizada por el estado unitario y la unidad de la nación chilena.
Destacó que mantiene el régimen político presidencialista, elimina los derechos de corte más liberal y, en contraste, refuerza los derechos relacionados con la enseñanza particular, la libertad de conciencia y la libertad religiosa, del espectro conservador.
"Disminuye o acota la presencia del Estado en la economía, garantizando un amplio margen de actuar a los particulares", dijo el abogado constitucionalista.
El experto también abundó que el proyecto otorga una protección constitucional a instituciones que han sido reprochadas como parte del modelo neoliberal, como las administradoras privadas de fondos de pensiones (AFPs) y las instituciones privadas de los sistemas de salud (Isapres).
"Contiene normas bastante conservadoras en materia de educación, que hacen difícil llevar a cabo programas de educación pública. Lo que podría decirse en conclusión es que, si en la dimensión constitucional un país moderno requiere ciertas normas claras que permitan el despliegue de políticas públicas sin cuestionamientos y la garantía de los derechos individuales con un contenido bien definido, ello no ocurre con esta propuesta", argumentó.
A su vez, el académico Javier Valle, de la Universidad de Tarapacá, afirmó que el proyecto constitucional presentado no es solo políticamente ambicioso, sino que también "incluye en su articulado un programa de Gobierno a la derecha del texto de 1980", en tanto en Chile la distribución o asignación de bienes sensibles como la educación o la salud están definidos por la capacidad de pago de los ciudadanos.
"Este proyecto lo que hace es robustecer o fortalecer esa opción. Constitucionaliza el mercado de la educación y la salud. Explícitamente, le da prioridad a la libertad de elegir entre dos sistemas, uno público y otro privado, que operan paralelamente y que también se consagran constitucionalmente", explicó el abogado constitucionalista.
La propuesta para modificar la Carta Magna chilena la redactó el Consejo Constitucional, un órgano compuesto por 50 integrantes elegidos democráticamente que trabajaron sobre la base de un borrador preparado por un consejo de expertos designado anteriormente por el Congreso Nacional.
El texto emanado busca reemplaza la Constitución de 1980, redactada en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y que ha recibido modificaciones importantes, pero no estructurales durante los Gobiernos democráticos posteriores.
